El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, está a favor del aborto, del matrimonio entre personas del mismo sexo, del consumo de la mariguana y los derechos de pueblos indígenas. Pero en sus dos años de gestión y a pesar de las reiteradas peticiones de organizaciones y la prensa internacional, el carismático Maestro en Geografía Medioambiental no ha regulado el despojo y las violaciones cometidas por mineras canadienses a los habitantes de África, América Latina y, por supuesto, México, país que visita por primera vez luego de estar en Estados Unidos, en el marco de la cuarta ronda de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Las empresas canadienses están “aprovechando los sistemas legales débiles” de los países latinoamericanos y el apoyo financiero de Canadá, así como el incumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas para expandirse mediante represión contra los ciudadanos que se oponen, reveló el informe de 30 organizaciones civiles “El impacto de la minería canadiense en América Latina y la responsabilidad de Canadá” presentado en 2014 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Entre el 50 y el 70 por ciento de toda la minería en América Latina es realizada por empresas canadienses, documentó.


En el caso de México, del total de los proyectos mineros, las empresas canadienses operan 65 por ciento o más de 850 proyectos que se encuentran en fase de exploración, desarrollo y explotación, de acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Al menos 17 mineras canadienses han dañado a comunidades mexicanas en 37 casos que incluyen tres asesinatos y amenazas contra ejidatarios, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. En Chicomuselo, Chiapas, fue asesinado Mariano Abarca por oponerse a una empresa minera canadiense.

Entre las compañías que violan el derecho al territorio, a la propiedad, al medio ambiente sano, a la participación, a la consulta y el consentimiento, a la legalidad y seguridad jurídica destacan Metallica Resources en San Luis Potosí; Minefinders en Chihuahua; Alamos Gold en Sonora; Linea Gold Corp en Chiapas y Oaxaca; Gold Group en Veracruz; Almaden Minerals en Puebla; Excellon en Durango; y First Majestic Silver Corp en Coahuila y Zacatecas.

“Su visita a nuestro país [de Justin Trudeau] ha sido anunciada como una oportunidad para fortalecer los lazos comerciales entre México y Canadá, lo que significa una mala noticia para los pueblos y comunidades indígenas quienes están siendo severamente afectados principalmente por la actividad minera canadiense, hoy convertida en el inversionista extranjero minero más importante del mundo y para México”, acusó la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
La actividad minera de Canadá ha implicado el despojo y desplazamiento forzado de los legítimos propietarios mexicanos. Cuando pretenden defender sus derechos, le son negados por las propias empresas de forma directa o a través de sus estructuras de fuerza ilegales o en contubernio con diversos actores del gobierno mexicano, denunció la Red.

Mercedes García, investigadora asociada en el Consejo de Asuntos Hemisféricos (COHA), afirmó que las compañías canadienses y sus subsidiarias que operan en México, Guatemala, Honduras y otros países son citadas por participar en prácticas polémicas. A pesar de esto, se enfrentan a limitadas o ninguna consecuencia legal.

“Canadá, un país cuya reputación ha sido tradicionalmente la de una nación benevolente, está cada vez más bajo el fuego por su comportamiento corporativo en el extranjero. Si el nuevo gobierno de Canadá quiere restablecer esa reputación positiva, necesita mantener y hacer responsables a las corporaciones mineras canadienses para evitar futuros abusos”, determinó.

CANADÁ: OMISO CON SUS MINERAS

Sin embargo, el Gobierno canadiense se ha limitado a promover sus industrias y cada vez que surgen controversias, se apresura a argumentar que carece de la jurisdicción para responsabilizar a las empresas cuando operan en el extranjero, añadió la investigadora.

El ex Primer Ministro canadiense Stephen Harper se opuso al proyecto de Ley C-300 en la que Jhon Mckay -apoyado por Trudeau- proponía demandas judiciales contra compañías canadienses responsables de violaciones de derechos humanos o daños ambientales en el exterior. Los conservadores y la oposición también derrotaron otro proyecto de ley que buscaba frenar el apoyo diplomático y financiero de las compañías encontradas responsables de abusos en el extranjero. Aunque Trudeau y su Partido Liberal han expresado su apoyo a la regulación de las prácticas de las mineras canadienses que operan en el extranjero, no han reiterado en la legislación.

Con información de Sin Embargo.