Al parecer, este lunes, las autoridades cubanas acallaron mayormente las protestas contra el Gobierno, acabando con las esperanzas de la oposición de aprovechar las masivas manifestaciones que se produjeron en la isla en julio.

Grupos de derechos humanos dijeron que los líderes de las protestas estaban siendo intimidados, aislados y acosados, impidiéndoles tomarse las calles.

Laritza Diversent, fundadora del grupo de derechos humanos Cubalex, dijo que se está observando un aumento en el número de personas detenidas y una escalada en el uso de intimidación y amenazas de violencia.

El Gobierno cubano declaró ilegal la “Marcha por el cambio” del lunes. Los líderes de la isla comunista han culpado del malestar social a Washington y sus sanciones económicas.

Varios activistas publicaron videos de sus hogares rodeados de multitudes progubernamentales que coreaban “traidor” y “mercenarios”. Otros, incluidos periodistas, informaron que les cortaron internet. Durante el fin de semana, la agencia estatal de noticias de España, EFE, señaló que a sus reporteros en Cuba les revocaron los permisos de trabajo, lo que provocó una represalia desde Madrid. Grupos también señalaron que había una fuerte presencia policial en las calles de La Habana.

Las protestas se producen ante una economía cubana que se tambalea producto de la pandemia y una serie de lamentables reformas económicas que han hecho que la inflación se dispare. Los organizadores esperaban utilizar el evento para presionar por los derechos humanos y civiles, incluida la liberación de presos políticos.

El presidente Miguel Díaz-Canel –que asumió el poder en 2018 después de que sus mentores, Fidel y Raúl castro, gobernaran la isla durante más de 50 años– restó importancia al descontento, y tuiteó imágenes de turistas llegando a La Habana y niños en la escuela.

En julio, decenas de miles de personas salieron a las calles exigiendo libertad y alimentos, en una de las protestas más grandes de la historia de Cuba. Cubalex dice que más de 600 personas permanecen detenidas a raíz de esas protestas, y que más de 100 han sido acusadas de sedición, lo que puede conllevar penas de prisión de 10 a 20 años.

Además, el Gobierno respondió endureciendo las leyes de redes sociales. La mayoría de los cubanos no tuvo acceso a internet hasta 2015. Las plataformas de redes sociales y las aplicaciones de mensajería se han convertido en focos de disensión y organización de protestas.

“Hacemos un llamado al Gobierno cubano para que respete los derechos de los cubanos, permitiéndoles reunirse pacíficamente y usar sus voces sin temor a represalias o violencia del Gobierno, y manteniendo abiertas las líneas de internet y telecomunicaciones para el libre intercambio de información”, dijo el domingo el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en un comunicado. “Instamos al Gobierno cubano a que rechace la violencia y, en su lugar, aproveche esta histórica oportunidad para escuchar las voces de su pueblo”.