Congresistas republicanos y demócratas de EU pidieron el pasado viernes al presidente Donald Trump buscar un acuerdo con el Gobierno mexicano para mantener las reglas del sector energético y dar certeza y equidad a los inversionistas.

En una carta enviada al presidente estadounidense, 43 congresistas manifestaron con su firma que están profundamente preocupados por las acciones que el Gobierno mexicano ha realizado para modificar la normatividad del sector energético, ya que demuestran un patrón de obstrucción.

Argumentaron que las acciones del Gobierno mexicano amenazan la inversión y el acceso al mercado de las empresas energéticas estadounidenses y socavan el espíritu del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC).

El presidente Andrés Manuel López Obrador respondió que el deber del gobierno no es proteger los intereses de las empresas privadas, pues “los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos”, dijo el sábado durante una visita a una termoeléctrica de la CFE en Coahuila.

Lourdes Melgar, especialista en temas energéticos, declaró que si gana Joe Biden en Estados Unidos, habrá una presión diplomática sobre México para que cumpla con sus compromisos internacionales en la materia.

De lo contrario, son previsibles los juicios de las empresas estadounidenses.

“Vamos a terminar en arbitrajes y pleitos que seguramente vamos a tener que pagar no solo en monto de inversión, sino también en compensaciones adicionales. Si los hubiese en el tema de exploración y producción de petróleo serán cantidades estratosféricas”, advirtió.

Declaró que al presidente AMLO no le interesa que haya inversión privada en el sector energético y su prioridad es que Pemex y CFE sean quienes ocupen los espacios en el sector energético.

“Es una visión idealista, pero no realista, si consideramos los montos de inversión que se requieren para mantener la seguridad energética en México y lo limitado del presupuesto”, dijo.

Adaptación de regulación
Ramsés Pech, asesor de economía y energía, indicó que México debe adaptar las regulaciones a las condiciones del mercado a nivel global, porque no es productor de energía sustentable. Coincidió en que el cambio de reglas en el sector puede generar pugnas y juicios y retrasar el desarrollo de la energía.

Por su parte, Rodolfo Rueda, vicepresidente de la Comisión de Energía de la International Chamber of Commerce (ICC) y consejero sénior en Thompson & Knight, detalló que el capítulo 11 del T-MEC establece regímenes de arbitraje en donde se protegen a las inversiones extranjeras.

“De cierta manera esos atrevimientos (los cambios a la normatividad) pueden ser la antesala de mecanismos un poco más exigentes y que puedan tener un impacto importante en temas arbitrales”, dijo.

Rogelio López-Velarde, socio de Dentons Lopez-Velarde, sostuvo que el presidente no puede cambiar e imponer medidas más restrictivas de las que están inscritas en la Ley.

“Si llegase a hacer una reforma constitucional, revocando, dando la vuelta, cambiando lo que se obtuvo en 2014, eso violaría el Tratado, porque éste establece que México se compromete a no poner medidas más restrictivas de las que hay hoy en día; violaría el tratado con EU y Canadá”, concluyó.