La noticia llegó al mediodía de este sábado en el peor momento de las protestas, en una Quito paralizada y en medio de violentos enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que lleva 10 días encabezando las movilizaciones contra los ajustes económicos del Gobierno, se abrió a dialogar con el presidente, Lenín Moreno. Ante las escenas de caos vividas en la capital, donde unos grupos llegaron a irrumpir en la sede de la Contraloría, el mandatario tomó una decisión drástica y decretó el toque de queda y la militarización de la ciudad para, manifestó, facilitar "la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia".

Si existe un símbolo que ha acompañado el descontrol de las manifestaciones de los últimos días en el país andino es el humo. Los gases lacrimógenos lanzados por la policía invaden amplios sectores de Quito, mientras los manifestantes anticipan su presencia con enormes hogueras. Hoy la oposición a la subida del precio de la gasolina incluida en el decreto 883 adoptado la semana pasada por el Ejecutivo se salió del carril de la protesta y de la vigilancia policial. Ya se habían producido episodios de violencia y varios organismos internacionales denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes. Sin embargo, la situación ha acabado precipitándose. Cuadrillas de encapuchados quemaron y saquearon el edificio de la Contraloría, en las proximidades de la Asamblea Nacional.

Todo esto sucedió mientras la principal organización indígena anunciaba en un comunicado que se abre a una negociación con el presidente. "Luego de un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales hemos decidido participar en el diálogo directo con Lenín [Moreno] sobre la derogatoria o revisión del decreto 883", aseguró la cuenta del movimiento en las redes sociales. Sin embargo, Jaime Vargas, presidente de Conaie, no ha confirmado aún esta noticia. Al mismo tiempo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, confirmó que el Gobierno ha decidido avenirse a modificar los ajustes, conocidos como paquetazo, solicitados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en febrero pactó con Moreno un préstamo de 4.200 millones de dólares.

"Son los narcotraficantes, son los latin kings criminales, son los correístas los que están dedicados a hacer estos actos vandálicos. Los indígenas ya los han detectado y están separándolos de sus filas. Es importante que este llamado al diálogo que hizo el presidente de la República haya sido acogido por ellos. Se lo agradezco y los felicito", dijo el mandatario en un mensaje televisado. "Vamos a restablecer el orden en todo el Ecuador. Iniciamos con el toque de queda en Quito. He dispuesto al comando conjunto de las fuerzas armadas inmediatamente tomar las medidas y operaciones que sean necesarias. Restableceremos el orden en todo el Ecuador", enfatizó.

El Gobierno lleva días responsabilizando de las protestas a los seguidores del expresidente Rafael Correa e incluso llegó a señalar a factores externos como el régimen de Nicolás Maduro, sin mostrar todavía evidencias de ello. Los indígenas han mantenido una movilización eminentemente pacífica, aunque el jueves retuvieron durante horas a un grupo de policías y a casi treinta reporteros. Sin embargo, a las manifestaciones se sumaron también otros colectivos: algunos sindicatos, estudiantes y organizaciones próximas al anterior Ejecutivo, encabezado por Correa. Y las autoridades han alertado también de la presencia de delincuentes comunes que buscan aprovecharse de la situación de caos.

mantenido en el ágora de la Casa de la Cultura en una asamblea para trazar directrices. Nos deslindamos de los hechos ocurridos en Contraloría y Teleamazonas", comunicó la Confederación a través de Twitter en referencia a un asalto a la cadena de televisión.

Correa ha negado en varias ocasiones estar detrás de las movilizaciones. Sin embargo, las ha jaleado sin disimulo y ha pedido un adelanto electoral. Hoy está inmerso en una decena de procedimientos judiciales desde que abandonó el país para irse a Bélgica, aunque su objetivo es regresar a la primera línea, quizá con algún delfín como próximo candidato a la presidencia. Lo que está claro es que —como pudo comprobar EL PAÍS en la región amazónica antes de los comicios de 2017— muchas comunidades indígenas estuvieron años duramente enfrentadas al exmandatario. El viernes Conaie llegó a llamarlo "miserable" y a acusarlo de "oportunismo descarado". "El correísmo nos criminalizó y asesinó a compañeros durante 10 años", denunció la organización.