La administración Trump no redujo los operativos de detención de menores inmigrantes que cruzaron con sus familias al país de manera ilegal, pese a que un juez le ordenó reducir la medida en medio de una pugna por los derechos civiles.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), una ONG en defensa de inmigrantes, acusó al gobierno del magnate de separar a casi mil menores de sus padres en la frontera, desde que la Corte ordenó que parara, hace más de un año.

En una larga presentación judicial ante el Tribunal de Distrito de San Diego, los abogados de la ACLU ofrecieron una recopilación de testimonios que apuntan a que agentes fronterizos abusaron de su poder y exageraron en sus argumentos para arrestar a varios indocumentados.

Por ejemplo, un migrante perdió a su hija porque un agente afirmó que no había cambiado el pañal de la niña, señaló la organización no gubernamental.

En otro caso registrado, otro migrante perdió a su hijo, debido a una condena por un cargo de destrucción maliciosa de propiedad, con presunto daño valuado en cinco dólares. Y un padre que, según los abogados tiene dificultades para hablar, fue separado de su hijo de cuatro años porque no podía responder claramente a las preguntas que le hacían los elementos de Aduanas y Protección Fronteriza.

En una entrevista para el Washington Post, el secretario de Seguridad Nacional, Kevin McAleenan, justificó las referidas separaciones familiares, al asegurar que éstas siguen siendo “extraordinariamente raras” y ocurren sólo cuando los adultos representan un riesgo para el niño o la niña, debido a su historial criminal, alguna enfermedad transmisible o abuso.

De acuerdo con la ACLU, 911 niños fueron separados desde la orden judicial del 26 de junio de 2018. El número fue proporcionado a la organización por el propio gobierno, como parte de un proceso legal en curso.

Si bien el juez reconoció que los padres y los niños aún podrían estar separados cuando se determine que los tutores representan un peligro para los menores, la ACLU y actores políticos del lado demócrata insisten en que los agentes federales de inmigración y fronteras mantienen las seperaciones de las familias por presuntas ofensas menores, incluidas violaciones de tráfico de drogas, sin demostrarlo.

De esta manera, instaron a la Corte en San Diego a aclarar cuándo se debe permitir que ocurran tales separaciones.

“Están tomando lo que se suponía que era una excepción para los casos en que el padre era realmente un peligro para el niño y lo utilizan como una escapatoria para continuar la separación familiar”, señaló al Post el abogado de la ACLU, Lee Gelernt.

La cifra de separaciones de niños se suma a los aproximadamente 2 mil 700 pequeños separados de sus padres durante un caótico periodo de seis semanas, desde mayo hasta el 20 de junio del año pasado, cuando una ofensiva fronteriza desencadenó una de las peores crisis en la presidencia de Trump.

La política “Tolerancia Cero”, del magnate, buscaba disuadir a solicitantes de asilo que se entregaban en la frontera sur. Las autoridades procesaban a los padres por el delito de entrada ilegal y enviaban a sus hijos a refugios federales. Informes de niños traumatizados provocaron demandas generalizadas.

El 20 de junio de 2018, Trump ordenó finalmente a sus funcionarios que dejaran de separar a las familias, es más, enfatizó que “la política de esta administración es mantener la unidad familiar” a menos que el padre presente “un riesgo” para el niño.

Seis días después, la juez federal de distrito Dana Sabraw, nombrada por el presidente George W. Bush en San Diego, le ordenó que comenzara a reunir a las familias, un proceso que se prolongó durante meses porque el gobierno no había podido rastrearlas, después de separarlas. Un número aún desconocido de inmigrantes quedó lejos de sus seres queridos, incluso antes de que comenzara el programa “Tolerancia Cero”.

El pasado 18 de julio, al testificar ante el Comité de Reforma y Supervisión de la Cámara de Representantes, McAleenan explicó que el proceso de separación está “cuidadosamente gobernado por una política y una orden judicial” para proteger a los menores implicados.

Más de 40 por ciento de niños separados tenían cinco años o menos. Los pequeños pasaron casi cuatro meses bajo custodia del gobierno federal, en promedio, en parte porque era complicado para trabajadores sociales localizar a sus padres.