La jueza del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano, afín al presidente Nicolás Maduro, Carmen Zuleta de Merchán, aseguró que las mujeres privadas de su libertad en el país y que se prostituyen en prisión, lo hacen porque quieren, en un intento de refutar las acusaciones de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En su informe, la funcionaria de Naciones Unidas denunció al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (policía política de Maduro), a la Dirección General de Contrainteligencia Militar y a la Guardia Nacional Bolivariana de cometer delitos de violencia sexual contra mujeres y niñas durante la detención.

Entre las agresiones físicas, se documentaron “tocamientos inapropiados, desnudez forzada, amenazas de violación y arrastramientos por el pelo”.

El informe de Bachelet, dijo la jueza, hace énfasis en las mujeres para sentimentalmente victimizarlas como aconseja el discurso patriarcal ilustrado… Las mujeres en Venezuela son dueñas de su propio destino y cuando optan por prostituirse (como en todas partes del mundo) es porque son putas”, escribió Zuleta en su cuenta de Twitter.

Las palabras de la magistrada generaron una ola de críticas dentro y fuera de Venezuela; en respuesta, Zuleta, lejos de retractarse, afirmó que sólo defendía a las venezolanas honestas que no se prostituyen por razones humanitarias.

“Veo con estupor que haya venezolanos que acepten denigrar el género y el gentilicio heroico aceptando y justificando de manera infundada, irrespetuosa e irresponsable que la mujer venezolana no tiene dignidad para enfrentar la guerra internacional que nos asedia”, agregó la funcionaria chavista.

El informe de Bachelet señaló “tratos degradantes” hacia personas privadas ilegítimamente de su libertad. También subrayó los casos de violencia sexual denunciados por varias ONG pero que han quedado en segundo plano.

Ante las respuestas de usuarios en Twitter, la jueza se limitó a expresar: “Imposible plantear temas trascendentes en materia feminista sin tropezar con los analfabetos funcionales de las redes. Sin embargo, sigo apostando a la grandeza del pueblo venezolano”.

El pasado viernes, Bachelet subrayó que “los venezolanos merecen una vida mejor, libre de miedo y con acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios”, en la presentación de su informe sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.

“El destino de más de 30 millones de venezolanos está en las manos de las autoridades y de su habilidad para poner los derechos humanos por delante de cualquier ambición ideológica o política”, señaló en su discurso de presentación en Ginebra.

El informe acusa al régimen de Nicolás Maduro de “graves vulneraciones de derechos”, y documenta, entre otros graves hechos, que hubo más de 6 mil 800 ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Estos delitos “deben ser investigados a fondo, estableciendo responsabilidades para sus autores, y garantizando su no repetición”, afirmó la Alta Comisionada.

Bachelet también apuntó a las repetidas informaciones sobre torturas durante detenciones arbitrarias, y en este sentido recordó la muerte del exoficial de Marina, Rafael Acosta, cuando se encontraba bajo custodia, un caso para el que pidió una investigación autónoma, imparcial y transparente.

Por otro lado, la expresidenta chilena indicó que “las instituciones esenciales y el Estado de derecho en Venezuela se han erosionado” y “el ejercicio de las libertades de expresión, asociación, asamblea y participación en la vida pública corre peligro de ser castigado con represalias y represión”.