La Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (COPIPEV), acusó que por culpa de la Fiscalía General del Estado (FGE), podría no haber justicia por el saqueo de más de 2 mil 200 millones de pesos a la reserva técnica del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), ocurrido en el año 2016.

En conferencia de prensa, el presidente de la Coalición, Sergio Téllez Galván, explicó que hace 9 años presentaron la denuncia correspondiente, ya que el recurso se habría desviado para solventar el gasto operativo, lo cual es ilegal.

Sin embargo, ahora les dicen que algunos de los delitos que se perseguían, ya prescribieron.

“Después de 9 años de estar abierta la investigación, la Fiscalía lo que nos dice, casi de manera burlona, es que en 9 años ya prescribieron algunos de los delitos, es decir, mantuvieron abierta la investigación para decir que ya se había pasado tiempo y por otro lado nos dicen que no había suficiente evidencia, pero solo revisaron una de 141 pruebas y con eso determinan que no hubo daño patrimonial”, expresó.

Dijo que parte del dinero que fue desviado, habría sido entregado a sindicatos sin justificación clara ni registro transparente de los montos.

En aquel entonces, señaló, la denuncia fue por los delitos de incumplimiento de un deber legal, asociación delictuosa y peculado, en contra de quien resultara responsable.

Lamentó que parece que las administraciones estatales son cómplices del desfalco, ya que nadie ha querido darle seguimiento al tema y el recurso del IPE no será devuelto.

Sin embargo, precisó que van a buscar impugnar la prescripción de los delitos, con el fin de que pueda haber justicia.

“Nosotros lo vamos a impugnar, ha sido un proceso muy agotador, muy difícil, porque cuantas veces nos presentamos al juzgado nos posponen, nos cancelan, nos difieren las audiencias porque siempre hay razones mas importante que atender a los jubilados”

Finalmente, precisó que tampoco ha habido justicia por las agresiones sufridas en diciembre de 2015 en la Plaza Lerdo, cuando fueron desalojados con violencia, mientras se manifestaban por el retraso en el pago de sus pensiones.