La acusación endeble y con filo político de la fiscalía estatal contra el exgobernador Javier Duarte de Ochoa por la desaparición forzada de un policía soslaya la escalofriante realidad que dejó su mandato, un periodo en el que miles de personas fueron víctimas de este delito, por lo que colectivos de familias ya optaron mejor por acudir a la Corte Penal Internacional.

Los familiares de las personas ausentes creen que la justicia no alcanzará a Duarte por esta reciente vinculación a proceso por un solo caso, mientras permanecen acumuladas cientos de carpetas de investigación iniciadas durante su sexenio (de 2010 a 2016) y el gobierno del morenista Cuitláhuac García se muestra insensible y lejano a la crisis por este rezago y lo que se acumula a la fecha.

Del periodo duartista, la Comisión de Búsqueda ha documentado más de 3 mil 600 desapariciones.

En agosto pasado el colectivo Solecito, junto a la Federación Internacional de Derechos Humanos y Litigio Estratégico en Derechos Humanos, A.C., denunció ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada de 22 personas cometida con la participación de autoridades de la administración de Duarte y coludidas con el crimen organizado.

Siete de las 22 fueron ubicadas en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe, donde se localizaron 305 cráneos y 22 mil 500 restos.

Esta denuncia es la quinta que recibe el tribunal internacional por desapariciones forzadas en México. Y señala específicamente el uso de recursos públicos y la participación de funcionarios y personal de corporaciones estatales en la práctica de detenciones arbitrarias, privación de la libertad, hasta la desaparición de personas, además de la omisión o negativa de autoridades, como la fiscalía estatal para investigar o dar informes a los familiares.

A estos casos documentados por el colectivo Solecito se suman otros, como la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca que fueron entregados por policías estatales a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en enero de 2016.

La fiscalía tampoco está incluyendo en la acusación contra Duarte su posible responsabilidad por la desaparición de 19 cuerpos hallados en la barranca de La Aurora en 2016, únicamente lo imputa por obstruir la investigación de la desaparición de una persona: el policía estatal David Lara Cruz (Proceso 2229).

El caso de Lara

Actualmente Javier Duarte se encuentra preso por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa en el Reclusorio Norte, donde cumple una condena de nueve años.

En noviembre pasado un juez lo vinculó a proceso por desaparición forzada en la modalidad de entorpecer la investigación para localizar al policía David Lara y le impuso una medida cautelar de prisión preventiva justificada por un año y seis meses de investigación complementaria.

Su defensa, encabezada por el abogado Pablo Campuzano de la Mora, emitió un comunicado donde aseguró que el único dato de prueba por este delito había sido obtenido bajo tortura. En entrevista telefónica con el noticiario de radio de Ciro Gómez Leyva, el 21 de noviembre, el propio Duarte señaló que sus coimputados (otros cuatro exfuncionarios) están libres y adelantó: “Sólo me tomará algunos meses tumbar esta aberrante mentira y más pronto que tarde saldré libre, es una chicanada judicial”.

Según Duarte, la vinculación a proceso sólo tuvo como propósito evitar que alcanzara el beneficio de la preliberación al haber cumplido 50% de su condena, pues se encuentra preso desde 2017.

El 19 de enero de 2016 el cuerpo del agente municipal David fue encontrado junto a 18 restos más en la barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, a unos seis kilómetros de la Academia de Policía. Pero según testigos, Duarte ordenó reportar sólo el hallazgo de seis cuerpos y ocultar el resto.

Peritos habían logrado identificar el cuerpo del policía. Pero fue cambiado de ubicación y fue depositado en otro municipio. Del resto de los cuerpos se desconoce su paradero hasta el momento

Lara era policía estatal de Acayucan y el 12 de enero de 2016 acudió a las instalaciones de la Academia de Policía a realizarse exámenes de control y confianza. Así lo notificó a su familia. Pero nunca más se le volvió a ver. Entonces Lara era padre de un bebé de cinco meses y una hija de 12 años.

Los colectivos de familiares de personas desaparecidas consideran que la reciente imputación de la fiscalía de Veracruz contra el exgobernador no alcanzará para hacer justicia, pues otros cuatro exfuncionarios que fueron encarcelados por este mismo caso ya fueron liberados.

En entrevista para Proceso, integrantes de colectivos señalan que Duarte debería ser investigado más a fondo, no sólo por un caso sino por la política de desaparición forzada y exterminio que se implementó durante su gobierno, con la participación de elementos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública, según indicios que se sustentan en cientos de carpetas de investigación e informes oficiales.

Óscar Espino, asesor jurídico e integrante del Colectivo María Herrera en Veracruz, advierte: “Están usando una herramienta jurídica para un fin político, porque no era correcto que Duarte estuviera en la calle, pero dejan de lado su participación en la desaparición de 13 cuerpos más en la barranca”.

Abismo de desaparición

La barranca La Aurora es un acantilado de más de 300 metros cercano a la carretera federal Veracruz-Xalapa. Era conocida en la jerga policial como “la olímpica”.

María Elena Gutiérrez, quien busca a su sobrino Rafael Espinosa, desaparecido en agosto de 2013, explica que el sitio fue utilizado por la delincuencia organizada y los agentes de seguridad para aventar cuerpos de personas, con la intención de desaparecerlos.

Durante el tiempo del exfiscal Jorge Winckler –actualmente preso por desaparición forzada en modalidad de secuestro–, el caso de la barranca fue uno de los más mediáticos, porque apuntó como involucrados a altos funcionarios de la fiscalía, entre ellos el titular, Luis Ángel Bravo Contreras.

Por este caso, en abril de 2018 fueron detenidos Gilberto Aguirre, exdirector de Servicios Periciales, y Carlota Zamudio, exdelegada regional de la Policía Ministerial, acusados de ocultar el hallazgo de los cuerpos en la barranca.

Bajo la causa penal 80/2017 también fueron detenidos, en junio de 2018, el exfiscal general de Veracruz Luis Ángel Bravo Contreras, y en diciembre Rosario Zamora, exdirectora de la Policía Ministerial.

Aunque todos ellos fueron acusados de desaparición forzada por ordenar manipular los cuerpos hallados en la barranca, siguen sus procesos jurídicos en libertad tras ganar amparos federales (Proceso 2364).

Según el entonces fiscal especializado en la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas Luis Eduardo Coronel Gamboa –ahora prófugo, acusado de tortura–, los cuerpos de la barranca fueron entregados a la Secretaría de Seguridad Pública al mando del exjefe policiaco de Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, pero él no está imputado por este caso, pues es un testigo clave.

Bermúdez fue detenido en febrero de 2017 por enriquecimiento ilícito.

Las pruebas de la fiscalía de Veracruz contra los cuatro exfuncionarios y Duarte por el caso de la barranca están concentradas en dos testimonios.

El primero, del propio Arturo Bermúdez Zurita, quien declaró que el día de la aparición de los cuerpos Duarte tuvo una reunión de emergencia en Casa Veracruz, donde le dijo: “Como si necesitara otro escándalo como el de Tierra Blanca. No podemos darnos el lujo de un hallazgo, nos van a partir la madre”.

Apenas un día antes –el 11 de enero de 2016–, cinco jóvenes de Tierra Blanca habían desaparecido. Después se sabría que fueron entregados por la policía a la delincuencia organizada.

Para evitar un escándalo mediático, Duarte ordenó ocultar los cuerpos y sólo dejar seis, pues ya se había filtrado una fotografía parcial del hallazgo en medios de comunicación.

Tiempo después Bermúdez aseguró que fue torturado y amenazado para dar esta declaración, por lo que es poco claro si ratificará su testimonio contra Duarte.

Otro testimonio es el de Gilberto Aguirre Garza, exdirector de Servicios Periciales, quien a la postre fue reconocido como víctima por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en la recomendación 25/2019, cuando denunció que fue torturado con música de reggaetón para incriminar al exfiscal Luis Ángel Bravo.

En su testimonio, Aguirre relató que una noche fue sacado de su celda y llevado ante Luis Eduardo Coronel, entonces fiscal especializado en la Atención de Denuncias por Personas Desaparecidas, quien le pidió una declaración para inculpar al fiscal. A cambio, le ofreció su libertad después de las elecciones federales del 1 julio de 2018.

En febrero de ese año, la fiscalía de Veracruz –a cargo entonces de Jorge -Winckler– detuvo a 16 policías y tres exmandos policiacos: Arturo Bermúdez, secretario de Seguridad; Roberto Meza, exdirector de la Fuerza Civil; y Óscar Sánchez Tirado, entonces subdirector de Agrupamientos Corporativos, por la desaparición forzada de 15 personas en 2013.

Pero a la fecha estas carpetas de investigación están aisladas y no se han integrado a la acusación contra el exgobernador Duarte. Los 16 policías y el exdirector de la Fuerza Civil, Roberto Meza, acusados de la desaparición de 15 personas, salieron de prisión en diciembre de 2018 y siguen su proceso en libertad, lo mismo que Arturo Bermúdez.

La barranca La Aurora fue nombrada por primera vez por un policía detenido por desaparición forzada, quien contó que personas señaladas como integrantes de Los Zetas eran torturados en el interior de la Academia de Policía y posteriormente eran trasladados a un lugar que llamaban “La Laguna Negra” o “barranca de La Aurora”.

Carlos Saldaña, del Colectivo Enlaces Xalapa y quien busca a sus hijos Karla y Jesús Alberto, desaparecidos en noviembre de 2011, ha explorado y documentado esta zona desde hace varios años.

Fue uno de los primeros en bajar a rapel por las paredes rocosas del lugar. Los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas han hallado en el fondo de esa barranca entre maleza y basura, decenas de mandíbulas y cientos de huesos, que a la fecha no han podido identificarse.

“Cadena de complicidades”

Saldaña asegura que la barranca destapa una cloaca de corrupción, asesinatos y desapariciones en Veracruz, en la que están coludidos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y toda la cadena de mando.

“Es una cadena de complicidades que tienen que ver con la cadena de mando, funcionarios que fueron omisos, que no hicieron su trabajo; hay muchas carpetas de investigación que revelan que las personas fueron levantadas por policías y luego llevadas a la academia”, señala.

Óscar Espino, asesor jurídico de familiares de desaparecidos, dice que la barranca no es el único lugar donde policías estatales tiraban cuerpos, según los testimonios. En la búsqueda por las barrancas cercanas a Xalapa, en los municipios de Tlaltetela y Cosautlán, también se han hallado restos y cráneos.