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Si Peña no veta Ley de Seguridad será cómplice de un peligroso error: ex titular de la CIDH
“Hace permanente un riesgo sistemático de una mala perspectiva de la seguridad”, señala Álvarez Icaza

Xalapa, Veracruz / 2017-12-20 - 13:27

El coordinador de la iniciativa ciudadana "Ahora" y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza Longoria, consideró que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debe utilizar su facultad de veto y evitar que se aplique la ley de Seguridad Interior pues de lo contrario estaría siendo cómplice de uno de los más grandes errores que se han cometido en el país en los últimos años.

"Si el presidente no veta, va a ser parte de una muy grande y peligrosa equivocación porque la ley de seguridad interior es un peligroso error, no solo porque hace permanente un riesgo sistemático de una mala perspectiva de la seguridad, es un problema de forma y de fondo", indicó.

En entrevista, explicó que esta ley permitirá que las fuerzas armadas actúen sin necesidad de un control judicial, con lo cual todos los ciudadanos podrían ser víctimas de algún tipo de intervención sin la necesidad de que exista una orden judicial, situación que insistió es sumamente grave.

De igual manera, destacó que las investigaciones realizadas por las autoridades serán manejadas bajo criterios de secrecía por seguridad nacional, lo cual abona a la opacidad y a la discrecionalidad para el desempeño de las labores de seguridad pública por parte de las fuerzas armadas.

Asimismo, dijo que esta ley no resuelve los problemas de fondo que se viven en México en materia de seguridad, pues el verdadero problema está al interior de las corporaciones civiles encargadas de la seguridad pública.

"El verdadero problema está en las corporaciones civiles de seguridad las cuales están en colusión con la delincuencia y esto tiene que ver con la impunidad y complicidad incluso de gobiernos que pactan con el narco, ese es el problema y eso no se resuelve con la ley de seguridad interior", apuntó.

Finalmente, agregó que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como los gobiernos deben recurrir a controversias y acciones de inconstitucionalidad para evitar que esta se apruebe y se ponga en marcha.


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