La declaratoria de violencia de género por Agravio Comparado decretada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia el pasado miércoles, es muestra del "desinterés" por parte de gobierno de Veracruz por atender los problemas de género que persisten en la entidad.

En conferencia de prensa, la activista Estela Casados,  recordó que en 2016, la Conavim decretó la primera alerta de género por violencia feminicida para la entidad, donde se hacían diversas recomendaciones para la administración pública que se tenían que acatar; entre ella garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres y de la cuál se hizo caso omiso.

"A pesar de que el gobierno de Veracruz tuvo seis meses para dar cumplimiento a una serie de recomendaciones donde se garantizaban los derechos de las mujeres, las autoridades la ignoraron por falta de interés" aseguró.

Insistió que las autoridades se negaron a regular el marco jurídico que transgrede el derecho de las mujeres y a generar políticas públicas donde se garantice su salud reproductiva; además de la implementación efectiva de las causales de aborto.

"Esto atenta contra la vida, la integridad y la dignidad de las mujeres, adolescentes y niñas de estado, tan sólo por preponderar su ideología y la defensa auténtica de la vida desde la concepción sin importar la vida y la salud de las mujeres" destacó.

También, subrayó que el gobierno estatal ignoró recomendaciones internacionales entre ellas, la realizada por la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Mecanismo de seguimiento que recomendó despenalizar la interrupción del embarazo por motivos terapéuticos o producida por violación.

Al respecto Estela Casados, explicó que la declaratoria de violencia de género por Agravio Comparado decretada el pasado miércoles, se da luego de una evaluación que se realiza a partir de los indicadores de un grupo de trabajo donde se exige dar seguimiento a las recomendaciones emitidas a los tres órdenes de gobierno del Estado.

Al poder legislativo dijo, se le está solicitando analizar y reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, propuesta presentada por el grupo parlamentario del partido Movimiento de Regeneración Nacional.

Igualmente implementar políticas pública armonizadas con la Ley General Estatal de Víctimas y norma 046 además de garantizar los derechos reproductivos de las mujeres y el acceso a la justicia.

En cuanto a las recomendaciones a la Fiscalía General del Estado, recomendó elaborar un programa ILE que garantice la coordinación institucional efectiva para su acceso sin dilación, garantizando el acceso desde una perspectiva integral de salud.

Dentro del sector salud dijo, se solicitó difundir el reconocimiento de la ILE como un acceso al que las mujeres tienen derecho, mismas que no fueron acatadas en la primera alerta.