La directora del Centro de Estudio para la Igualdad y Derechos Humanos del Congreso del Estado Martha Mendoza Parissi, aseguró que en la segunda Alerta de Género por Agravio Comparado decretada para Veracruz, mucho tuvo que ver la Iglesia Católica por su intromisión en asuntos en los que no tendría por qué intervenir.

En este contexto, exhortó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a velar por el estado laico, y recordó que obligar a una mujer a continuar un embarazo producto de una violación es tortura, trato cruel y degradante.

Insistió en el hecho de que los servidores públicos tienen un compromiso de velar por los intereses de la sociedad a la que representan.

Asimismo entendió que se deban escuchar todas las voces, pero al momento de legislar, de formular políticas públicas e impartir justicia, no se puede actuar considerando principios religiosos, sino, conforme a derecho.

Recordó también la confirmación de que el Código Penal de Veracruz vigente, es violatorio de los derechos humanos.

Con esta segunda Alerta de Género dijo, el escenario a corto plazo es acatar todas las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), revisar los tratados internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos y hacer una revisión integral al Código Penal de Veracruz.

Además lamentó que la Vocería de la Arquidiócesis de Xalapa haya afirmado que las reforma a los artículos 158 y 159 del Código Penal de Veracruz, presentada por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro para permitir la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas aumentando las causales, misma que no fue aprobada, es una iniciativa de planificación familiar.