La diputada Maryjose Gamboa, y los diputados Bingen Rementería y Juan Manuel de Unanue, presentaron ante los ciudadanos de sus distritos Veracruz I, Veracruz II y Boca del Río, respectivamente, su primer informe de resultados, donde recapitularon las acciones emprendidas en materia anticorrupción, de respeto a los derechos humanos y de fortalecimiento a la fiscalización y rendición de cuentas.

En un evento realizado en el World Trade Center de Boca del Río, y en compañía de los representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los diputados agradecieron la confianza y respaldo de los veracruzanos en la conformación de una nueva alianza social que permite enderezar el rumbo y fortalecer el estado de derecho.

En mensajes individuales, los legisladores mencionaron las acciones realizadas del periodo del 5 de noviembre del 2016 al 4 de noviembre del 2017.

A un año de trabajo como diputada por el distrito XIV de Veracruz I, Maryjose Gamboa, ha traducido sus compromisos en resultados. Propuso la creación de la Comisión Especial para Respetar y Garantizar el Derecho a la Verdad a la Sociedad Veracruzana, por la problemática de Personas Desaparecidas, Ataques y Homicidios a Periodistas.

A través de la Comisión de la Verdad que preside, pugnó por los derechos de las víctimas de desaparición y desaparición forzada, gestionó la creación de panteones ministeriales en diversos municipios, que facilitarán la creación del banco de datos de cuerpos no identificados, hallados en su mayoría en fosas clandestinas.

En colaboración con el Gobierno del Estado y los colectivos de familiares de personas desaparecidas, se realicen recorridos por los penales de Veracruz para buscar información de quienes continúan desaparecidos.
En defensa del gremio de periodistas, exigió transparencia en el manejo de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), y propuso modificar las atribuciones e integración de la misma, para optimizar su funcionamiento y acabar con la burocracia.

El diputado por el distrito XV de Veracruz II, Bingen Rementería Molina ha basado su agenda individual en el combate a la corrupción, el fortalecimiento de responsabilidad financiera en los entes públicos y la protección a la infancia veracruzana.

Durante el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias, y como presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, presentó la iniciativa para eliminar el fuero constitucional a todos los funcionarios públicos, como medida de combate a la corrupción y para garantizar la igualdad ante la ley de todas y todos los veracruzanos.

Impulsó la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), que permitirá la integración, organización y funcionamiento del SEA, a través de la coordinación entre diversas instituciones y ciudadanía, para generar estrategias que permitan prevenir, detectar, investigar y sancionar actos de corrupción en el servicio público.
Para garantizar la seguridad y pleno desarrollo de la infancia veracruzana, propuso la reforma al Código Penal del Estado para castigar con penas más duras a quien cometa el delito de abuso sexual a menores de edad, donde también se redefinió el concepto de abuso sexual infantil y pederastia, con el objetivo de evitar vacíos legales que permitan la impunidad a los delincuentes.

En el mismo sentido, solicitó incrementar los castigos para aquellas personas que roben mobiliario de escuelas, pues atentan contra la educación de niñas, niños y jóvenes que se valen de esas herramientas para fortalecer sus conocimientos.

En su intervención, Juan Manuel de Unanue, diputado por el distrito XVI que abarca los municipios de Boca del Río, Alvarado, Acula, Ignacio de la Llave y Tlalixcoyan, recordó que, como presidente de la comisión de Vigilancia en el Congreso local, se ha encargado de vigilar las cuentas públicas de los entes fiscalizables para garantizar el uso responsable del dinero público y su correcta aplicación.

Propuso la nueva Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para fortalecer las atribuciones del Órgano de Fiscalización del Estado en la revisión del gasto público y en atención a lo dispuesto por la legislación federal en la materia.

Para garantizar la transparencia y rendición de cuentas, se modificó el formato de comparecencias. En consenso con todas las fuerzas políticas que integran el Congreso, aprobaron la autonomía presupuestaria de la Universidad Veracruzana y su incremento gradual de presupuesto hasta llegar al 4 por ciento.

Ante la crisis financiera heredada a Veracruz, se aprobó la reestructuración de la deuda pública que ha permitido un ahorro diario de dos mil millones de pesos; y para evitar que vuelvan a cometerse faltas en el servicio público, se creó el Sistema Estatal Anticorrupción y la Ley que lo rige.