En un lucrativo negocio y presunta corrupción se han convertido los accidentes automovilísticos que ocurren en la ciudad para empresas como Qualitas, Tránsito del Estado, Ministerios Públicos y hasta la Clínica San José, denunciaron personas que han resultado afectadas por el círculo vicioso.

En el mes de octubre la señora Sandra Marlet Valdez Reyes sufrió un accidente automovilístico cuando viajaba en el taxi número económico 3138, el cual fue impactado por una camioneta, cuyo conductor se encontraba en visible estado de ebriedad.

La señora resultó con una lesión en su pierna derecha, golpes en la cabeza y en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con los peritajes médicos, la afectada requiere de dos cirugías para recuperar al 100 por ciento la movilidad de su pierna, pero a la fecha nadie se quiere hacer responsable.

Después del accidente estuvo internada en la Clínica San José que presta atención médica a todas las personas que resultan accidentadas y cuentan con el seguro de la empresa Qualitas.

Pero durante ese tiempo sólo le practicaron los primeros estudios médicos para desinflamar el cerebro; sin embargo, requiere de dos cirugías, una de meniscos y otra de ligamentos en su pierna derecha con un costo superior a los 70 mil pesos.

La afectada manifestó que los representantes de la empresa Qualitas se han negado en todo momento a darle el apoyo, mientras que las autoridades de Tránsito del Estado, Ministerio Público y los médicos de la citada institución tampoco quieren responder por las lesiones que sufrió pese a que nunca firmó el convenio establecido para liberar responsabilidades.

Aseguró la entrevistada que cuenta con una copia del convenio que se hizo con el conductor de la camioneta, quien después de pagar 27 mil 500 pesos fue dejado en libertad, al igual que el conductor del taxi.

Sandra Marlet afirmó que existe un contubernio entre todas las partes inmiscuidas porque incluso el dinero que pagó el responsable del accidente se lo quedaron entre el ajustador de Qualitas y el perito de Tránsito.

El fiscal del Ministerio Público, Pablo Mendizabal, le dijo que tampoco puede hacer nada y menos obligar a las partes a responder por las lesiones que sufrió.

Desde el mes de octubre la agraviada enunció no puede trabajar para la empresa que labora, no recibe pago por incapacidad, tiene tres hijas que mantener y no tiene dinero para comer ni para pagar su renta.

A pesar de no tener responsabilidad alguna, más que el hecho de viajar en un automóvil de transporte público, la corrupción que existe entre las aseguradoras y las autoridades de tránsito, Ministerios Públicos e instituciones médicas han dejado a la señora Sandra Marlet Valdez Reyes incapacitada y afectada en su vida normal.

Por su parte, la señora Alma Luz Herrera García es otro caso similar, donde se ve inmiscuida la empresa de seguros Qualitas, misma que desde hace dos años la dejó en el desamparo tras sufrir otro accidente en un taxi y postrada en cama.

Pese a que sus familiares han gastado una fortuna en médicos para tratar de ayudarle, no ha sido suficiente para que Alma Luz recupere su movilidad.

De esta forma, las afectadas dieron a conocer que exigen justicia y piden la intervención de autoridades estatales, para acabar de una vez por todas con las irregularidades y vicios que comenten las aseguradoras, como el caso de la empresa Qualitas.