La alcaldesa electa de Tamiahua, Citlali Medellín Careaga, se dijo sorprendida por la ignorancia que muestra el diputado local del Distrito III, con sede en Tuxpan, Arturo Esquitín Ortiz, en temas energéticos.

Tras la conferencia de prensa que diera el legislador, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura del Congreso del Estado, para informar sobre el anteproyecto que presentó en torno al caso TransCanadá - Gasoducto Tuxpan-Sur de Texas para que se apoye a los pescadores de la región por parte de la compañía, la munícipe que entran en funciones el 1 de enero de 2018, condenó el uso de la violencia política que el diputado ejerce cotidianamente en compañía de los que llamó pseudo líderes pesqueros y que fueron parte de los que le acompañaron.

Dijo que mantiene su postura enérgica en contra de los intereses mezquinos, así como de la violencia política que se ejerce en su contra cotidianamente por pseudo líderes pesqueros manejados directamente por el diputado local, Arturo Esquitín Ortiz, toda vez que éste continúa con las amenazas para impedir la toma de posesión de la próxima administración municipal, lo que representa a todas luces un delito federal.

Refirió que esos grupos están compuestos por personajes que se verán afectados al no acceder a recursos económicos por la vía del chantaje y la extorsión, una vez que la empresa TransCanadá otorgue beneficios de forma transparente a través de obra pública, donde se beneficie la población de Tamiahua en su totalidad y no a un grupo de dudosa procedencia, sin representación social.

Reiteró que en la rueda de prensa el legislador estuvo acompañado de grupos ajenos al municipio y ahí mencionaron su pretensión de solicitar tres por ciento de la obra del gasoducto Sur Texas-Tuxpan para beneficio social exclusivo de estos “lidercillos”, en asociados con el legislador local.

“La Constitución del Estado de Veracruz no le da ni le ha dado al Congreso o legislador alguno la potestad para requerir cualquier tipo de apoyo económico, sea la causa que se alegue”, informó.

De la misma forma, subrayó que tampoco está estipulado en ley alguna que cualquier diputado se ostente como representante de un municipio para pedir recursos económicos a una empresa que ganó una licitación federal, en cuyo caso correspondería dirigir toda inconformidad a las agencias del estado encargadas de la política regulatoria y ambiental, en caso de que hubiere algún incumplimiento a lo establecido en el Manifiesto de Impacto Ambiental y en la evaluación de Impacto Social.

“Sólo ha demostrado el interés total a favor de los tamiahuenses, del sector pesquero que cuenta con reconocimiento legal ante las autoridades, de la preservación del medio ambiente y el beneficio social sin intermediarios y, mucho menos, solapar parásitos que buscan resolver sus vidas acosta de la manipulación y enajenación de recursos que no les corresponden”, enunció.

Por último, Medellín Careaga puntualizó su postura para defender y solicitar la garantía que ofrece la empresa TransCanadá para mitigar y resarcir cualquier impacto ecológico y social. Igualmente, agregó que el hecho de contar con los permisos y requisitos ambientales aprobados por las instancias federales pertinentes se demuestra la legalidad del gasoducto.