Con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, el Congreso del Estado, en sesión extraordinaria; aprobó hoy martes el dictamen con proyecto de Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz puesto a consideración por los legisladores locales integrantes de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

El dictamen se deriva de la iniciativa presentada el 20 de julio de este año por los diputados Sergio Hernández Hernández, Amado Jesús Cruz Malpica, Juan Nicolás Callejas Roldán, Yazmín de Los Ángeles Copete Zapot y Fernando Kuri Kuri, coordinadores de los grupos legislativos de los partidos Acción Nacional, MORENA, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y Juntos Por Veracruz, respectivamente.

Los diputados Bingen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y Gregorio Murillo Uscanga, presidente, secretario y vocal de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, respectivamente, consideran en el dictamen acertado que se expida la legislación necesaria para la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción y con ello establecer los mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la misma en el Estado y los municipios.

De igual forma se sentaron las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas y para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, igualmente para la fiscalización y control de los recursos públicos; las directrices básicas que definan la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción; la organización y el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como para la organización y funcionamiento del Comité Estatal de Participación Ciudadana, del Sistema Estatal de Fiscalización; y las bases mínimas para crear e implementar sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diferentes órdenes de gobierno.

Los legisladores indican que el Sistema Estatal Anticorrupción se integrará por el Comité Coordinador, y el Comité de Participación Ciudadana y que el primero tendrá como función principal establecer mecanismos de coordinación y colaboración entre los integrantes del Sistema Estatal y el segundo es el órgano rector del Sistema y el canal de interacción entre la sociedad civil y las instituciones de Gobierno.

“El Comité de Participación Ciudadana estará integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción y serán nombrados mediante una Comisión de selección que designará el Congreso del Estado”, se lee en el documento.

La comisión dictaminadora establece que coincide con los autores de la iniciativa en la creación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal como un organismo descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía técnica y de gestión; y que será el órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica y los insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. “La Secretaría Ejecutiva, se integrará por el órgano de gobierno; la comisión Ejecutiva, que será el órgano auxiliar de la Secretaría Ejecutiva; el Secretario Técnico, quien estará a cargo de las funciones de dirección del organismo y el órgano interno de control”, dice el documento.

Se indica que en la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz se plantean las bases del Sistema Estatal de Fiscalización y la puesta en marcha de la Plataforma Digital Estatal que permita cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la Ley General, la Ley Estatal y la nueva Ley de Responsabilidades que en su momento se expida.

“Para fortalecer su funcionamiento, el Comité Coordinador podrá emitir recomendaciones no vinculantes a los entes públicos, las cuales serán públicas y de carácter institucional y estarán enfocadas al fortalecimiento de los procesos, mecanismos, organización, normas, así como acciones u omisiones que deriven del informe anual que presente el Comité Coordinador y por su parte los entes públicos deberán dar respuesta fundada y motivada, en un término que no exceda los quince días a partir de su recepción, tanto en los casos en los que determinen su aceptación como en los casos en los que decidan rechazarlas”, se lee en el dictamen.

El documento indica que, durante los últimos años, el servicio público de México se ha visto desprovisto en contar con los pilares fundamentales que deben regirlo, como lo son honestidad, ética, profesionalismo, eficiencia, pero sobre todo responsabilidad. Ante esta grave problemática que no sólo se localiza en el país, sino que es considerado un fenómeno mundial, en el año 2015 la LXII Legislatura del Congreso de la Unión aprobó con más del 90% de votos a favor diversas reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción.

Indica que en las referidas reformas se estableció como eje rector la creación del Sistema Nacional Anticorrupción como una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órganos de gobierno, competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos.

Indica el dictamen que la corrupción es un fenómeno que en gran medida desacelera el desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad política; y que muchas de las reformas que se impulsan desde el Poder Legislativo están orientadas a prevenir o sancionar las malas prácticas que desde el poder público fomentan la corrupción, pero son acciones desarticuladas.

En el documento se recuerda que el 19 de septiembre, la Diputación Permanente del Congreso del Estado hizo la declaratoria de aprobación de la reforma constitucional en materia anticorrupción, con la aprobación de 120 ayuntamientos, con lo cual se faculta al Congreso Local a la expedición de las leyes en materia anticorrupción del Estado.