La Diputada Vocal de la Comisión de Gobernación, María Josefina Gamboa Torales, informó que al analizar la solicitud de juicio político en contra de los tres Magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, esta no procede, debido a que no reunió los requisitos establecidos en la ley para iniciar el proceso.

Los Magistrados fueron acusados de omisión al no ordenar desde el 2013 el pago de un laudo laboral a favor de un grupo de ex trabajadores del ayuntamiento de San Rafael.

Es así como las comisiones unidas de Gobernación, y de Justicia y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, desecharon la solicitud.

“Por un litigio de tipo laboral no es procedente iniciar un juicio político, por eso la solicitud de desechó”, explicó.
 
Asimismo dijo, en la solicitud se denuncia al Poder Judicial, se involucra indirectamente a los Magistrados del Tribunal de Conciliación Fernando Charleston, Concepción Flores Saviaga y Daniel Salomón. 
 
Por tal motivo insistió en que se trata de un caso netamente laboral que deberá resolver el Poder Judicial de Veracruz.
 
Además señaló que a parte de los requisitos del artículo 19 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, en donde señala que se debe determinar si el denunciado es servidor público; si la denuncia contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida afecta a los intereses públicos fundamentales y a su correcto despacho; y si los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado, y por lo tanto amerita iniciar el procedimiento, se analizaron otras causales que tampoco se cumplieron.
 
Por otra parte dijo, se analizó si la conducta de los acusados afecte a los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho: ataque a los entes públicos y a la forma de Gobierno del Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios; violación sistemática a las garantías individuales, sociales, sistemática a los planes, programas o presupuestos, así como a la normativa aplicable a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos, entre otros requisitos.
 
La solicitud de juicio político fue presentada por Daniel Alberto Pereira Sánchez, apoderado legal de diversas personas registradas en el expediente 572 del 2011, radicado en el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
 
En este sentido, el abogado señaló en la querella, que desde el 2013 el Tribunal determinó que los trabajadores fueron despedidos injustificadamente por lo que deberían ser reinstalados y recibir el pago por concepto de salarios caídos, sin embargo, hasta el momento no se han dictado las medidas pertinentes para que se cumpla la sentencia.