La Secretaría de Educación de Veracruz debe realizar el pago debido a los docentes que prestan sus servicios en el Estado y de no hacerse así, se debe sancionar a las autoridades que sean responsables de esta grave omisión, porque con ella se defrauda a los maestros, afirmó Juan Nicolás Callejas Roldán, Coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso local.

Durante su intervención en tribuna en la sesión de este jueves y en representación del grupo legislativo del PRI, manifestó que sin justificación ni procedimiento alguno a muchos maestros de Veracruz les han sido suspendidos sus salarios y prestaciones laborales.

“Sin duda alguna, por este hecho se debe sancionar a las autoridades responsables debido a que son omisiones y violaciones a las disposiciones de las constituciones general de la República y de Veracruz, así como de las leyes que en materia de educación derivan de una y otra”, expuso.

Igualmente, dijo que los maestros que ha logrado buenos resultados, independientemente de que sea de recién ingreso o no, es porque se ha desempeñado con responsabilidad.

“A cambio de ello, las autoridades educativas del Estado no actúan en reciprocidad con los profesores porque se les retiene el salario y sus prestaciones laborales, pero los maestros siguen desempeñando sus labores por lo que se puede asegurar que tenemos en el Estado a maestros defraudados por la autoridad educativa que omite cumplir sus obligaciones”.

Juan Nicolás Callejas aseguró que lo expuesto no es una situación hipotética, ya que ahora mismo “hay en Veracruz más de 700 maestros que se encuentran en la grave condición de que el pago de su salario les ha sido suspendido desde agosto y ante los reclamos, las autoridades educativas no responden al llamado de la ley en el sentido de disponer lo conducente para ocupar vacantes y designar docentes, que son causa directa de rezago educativo, pues disminuye la cobertura magisterial y aún más grave, se deja a niños, niñas y jóvenes en estado de indefensión al no poder ejercer su derecho a la educación, como lo ordena la Constitución federal”.

Asimismo, refirió en el anteproyecto de punto de acuerdo presentado que es necesario que el Gobierno del Estado abata el rezago en materia docente. Para ello, dijo, se debe ampliar la cobertura magisterial y otorgar los nombramientos correspondientes a  quienes han sido elegidos para desempeñarse como maestros con pleno respeto a sus derechos laborales y gremiales.

“Para alcanzar los fines educativos que precisa el artículo tercero constitucional, el deber del Estado, entendido éste como federación, estados y municipios, debe garantizar la calidad de los materiales y métodos educativos, proporcionar una adecuada organización e infraestructura escolar y, por supuesto, procurar la idoneidad de los docentes y directivos del sistema educativo nacional”, aseveró.

Por último, manifestó que el Estado y las autoridades educativas no sólo están llamadas a determinar los planes y programas de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda la República, sino también para asumir las obligaciones correlativas en la prestación del servicio público educativo, cuidando que éste sea permanente, continuo y regular.