El Catedrático de la Universidad Veracruzana, Manlio Fabio Casarín León, consideró que Diputados del Congreso de Veracruz están obligados a construir el andamiaje legislativo para evitar que en la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción en Veracruz se pretenda nuevamente de imponer a un Fiscal Anticorrupción a modo.
Dijo que la LXIV Legislatura no debe exponerse a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “eche abajo un intento de albazo como sucedió en la administración estatal anterior”.
Lo deseable es que los diputados locales se apoyen en expertos en el tema, a fin de construir mecanismos de interlocución, concertación y apertura para que el sistema tenga una buena integración y sea exitoso.
Así mismo, el ex Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana e Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, consideró como mal augurio la falta de acuerdos en el Congreso de la Unión para nombrar al Fiscal Federal Anticorrupción.
“Aunque ya se declaró la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, es como una mesa a la que le faltan patas, porque está pendiente el nombramiento del Fiscal y de los magistrados de la sala especializada a nivel federal”.
Esa situación tiene que prevenirse en el Estado de Veracruz, puntualizó Casarín León y recomendó construir un entramado de interlocución, participación y auscultación frente a la sociedad, para que el sistema entre en funciones completo, debidamente integrado y con funcionarios experimentados y de probada honestidad.
En Veracruz, reiteró falta mucho por hacer, no sólo apelar a la capacidad, experiencia e idoneidad de las personas que lo conformen para cumplir la encomienda; porque más que el tema de las normas jurídicas y los procedimientos y anuncios espectaculares, urge recuperar la confianza en los funcionarios.
Ante este escenario, el académico alertó sobre una importante oportunidad que deben aprovechar los diputados locales, en la cual el Congreso de Veracruz está obligado a que no se repita la intervención de la Corte para corregir la manipulación o intromisión.
Otro aspecto que el académico advierte es la necesidad de revisar el régimen laboral de la Secretaría Ejecutiva, órgano operador del Sistema Estatal Anticorrupción, a fin de que en su naturaleza jurídica funcione como organismo descentralizado, no sectorizado.
Detalló que de acuerdo con lo que ha venido recogiendo la jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación, generalmente conduce a fincar la regulación laboral entre la citada Secretaría en el apartado A del Artículo 123 constitucional, y no en el apartado B, como dice la iniciativa de Ley.
Finalmente aseguró que, “un sistema involucra todo una concurrencia de partes o elementos que finalmente integrarán un todo, ara mí resulta fuera de lógica institucional que un sistema que esté calado no haya tocado aspectos esenciales, como es la responsabilidad de los funcionarios públicos, eso es primordial”, enfatizó el académico entre muchas otras observaciones y recomendaciones que hizo a diputados.