La portación de armas de fuego podría convertirse en "un mal necesario" para lograr disminuir los índices delictivos en el país, afirmó Ernesto Villanueva, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Entrevistado durante la presentación de su libro "El Derecho de Armarse: Lo que todo mexicano debe saber sobre la posesión y portación legales de armas de fuego”, explicó que la experiencia de otros países en los cuales se permite que los ciudadanos cuenten con armas muestra que los índices delictivos se reducen, por lo cual la idea de que un pueblo armado es un pueblo violento es errónea.
"Eso es totalmente falso; al contrario; creo que el índice de violencia en la medida en que los ciudadanos tengan en su domicilio un arma de fuego, conforme a una teoría que se llama teoría del desplazamiento, nos muestra que es menos probable que un delincuente entre a robar porque sabe que probablemente habrá respuesta y el costo para él va a ser mucho más alto y eso genera un disuasivo", indicó.
Asimismo, resaltó que otro aspecto que es importante es el que actualmente las armas que circulan en el país ingresan de manera ilegal, por lo que al contar con la regulación pertinente se puede tener un mayor control y se inhibe la adquisición de armas en el mercado ilegal.
De igual manera, insistió en que la portación puede hacerse necesaria ante la falta de resultados mostrados por las autoridades en el combate a la delincuencia, por lo cual resaltó que los ciudadanos pueden optar por apegarse a lo que la ley establece en el artículo 10 de la Constitución.
"Sería un mal necesario, lo ideal es que las fuerzas del orden cumplieran su trabajo, pero muchos de ellos están vinculados al crimen y esto genera un riesgo para la sociedad; entonces, por ello es que los ciudadanos deben conocer y ejercer los derechos que conforme a la Constitución tienen para defenderse a sí mismos porque el Estado no está cumpliendo con su función", apuntó.
Finalmente, Ernesto Villanueva, consideró fundamental el que los ciudadanos conozcan sus derechos para poder exigirlos y ejercerlos ante la ineficacia e ineficiencia de las autoridades.