El pasado fin de semana, alrededor de 25 familias del ejido Sumidero de esta capital  fueron desalojadas por un grupo de encapuchados, presuntamente enviados por la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

El abogado Arturo Salazar, acompañado de los afectados, hizo un llamado “a las autoridades, principalmente a la Secretaría de Seguridad Pública, Fiscalía General del Estado”.

En ese sentido, denunció a Bernarda Clementina y Rosalba Rangel Loida como las responsables: “Estas personas ya están denunciadas, existe la carpeta de investigación 5280/2017 radicada en la Fiscalía”.

Asimismo, pidió la intervención “para ayudar a estas personas de escasos recursos, a tanto al fiscal del distrito que es el licenciado Fernando Pensado, como a los elementos de la Policía Ministerial, para efecto de que se pueda llevar a cabo esta investigación”.

Esta colonia fue invadida en un principio por los integrantes de la UNTA, en una zona que pertenece al ejido de El Sumidero “y las familias cuentan con títulos de posesión”.