El auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, reconoció que no se violentó el marco legal al avalar que el Congreso del Estado autorizara a los ayuntamientos disponer de recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) del 2017 para concluir obras del 2016 que quedaron pendientes.

Dijo que para disponer de esos recursos se tienen que cubrir tres requisitos, y su aplicación será auditada, por lo que es responsabilidad de los ayuntamientos si los destinan para otros fines.

Luego de que la Secretaría de Desarrollo Social argumentará que esa autorización fue irregular, y que el Congreso del Estado saliera al paso diciendo que se pidió una opinión al ORFIS y que el ente fiscalizador dio el visto bueno, el auditor expuso que no se cometió ninguna irregularidad, toda vez que los recursos del FISM son para combatir la pobreza extrema y el rezago social.

El acuerdo aprobado por el Congreso del Estado establece tres puntos que deben cumplir los ayuntamientos que requieran hacer uso de esos recursos:

Especificar aquellas obras que en el 2016 se contemplaron y que no se iniciaron al no recibir ningún recurso; aquellas obras que estaban iniciadas y que quedaron inconclusas; y aquellas obras pagadas parcial o totalmente que no están terminadas.

Además, dijo que todo debe estar registrado contablemente; cuentas por cobrar y pagar; todos los expedientes de obra pública deben estar bien integrados con estimaciones, generadores de obras, fianzas, finiquitos y fotografías.

Y todo debe estar bien documentado en un expediente y que el Contralor Interno verifique que toda la documentación está bien integrada.

Portilla Vásquez aseguró que el Orfis revisará que los recursos del FISM que se autorizó a los Ayuntamientos se utilicen para obra pública, se apliquen para ese fin o de lo contrario se procederá con apego a la Ley.

“Siempre y cuando se apliquen para el fin que están destinados que es abatir el rezago social y la pobreza extrema, no hay ningún problema. Los recursos tienen un fin que es abatir el rezago social y la pobreza extrema y es lo que el Congreso autorizó”.