Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dijo que los daños perpetrados al patrimonio arqueológico de El Tajín, en manos de privados, fue responsabilidad de grupos con armas largas y que invadieron los predios con maquinaria pesada.

La zona que no está abierta al público está constituida por 1, 200 hectáreas de las cuales sólo 200 están bajo el régimen de propiedad pública que adquirió el estado de Veracruz y que están bajo la organización directa del INAH, sin embargo el Instituto tiene responsabilidad de proteger la totalidad de la delimitación arqueológica.

"La zona del Tajín es una importantísima ciudad antigua del totonacapan antiguo y un lugar fundamental para los totonacas de hoy", expresó el funcionario al terminar el evento en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo donde inauguró la exposición de 594 exvotos repatriados desde Italia, en compañía de la historiadora Beatriz Müller y la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto.

Los ataques como tala de árboles, afectaciones directas y amenazas a cuidadores comenzaron desde el mes de marzo informó Diego Prieto.

"En el tablaje 56 empezaron a hacer acciones más destructivas, quema de maleza, remoción de tierra y de manera más clara desde hace 9 días presencias de maquinaria pesada", comentó.

"Su presencia incluye armas largas y todo parece indicar que están vinculados con la delincuencia organizada".

Según comentó el titular responsable, se pretende construir un fraccionamiento cuyos permisos no fueron requeridos al INAH y cuyas repercusiones alcanzan hasta 10 años de cárcel y la reparación del daño.

En caso de no encontrarse culpables el INAH tendrá que ser responsable de los gastos del trabajo de resarcimiento de los daños, que hasta el momento no se tienen claros.

"Todavía no tenemos la valoración completa de los daños, no son estructuras visibles, son en su mayoría estructuras subyacentes que requieren de un diagnóstico pericial", expresó Prieto.

Este jueves se dará seguimiento desde la comisión responsable que el Consejo de Arqueología encabezó con la arqueóloga Patricia Castillo, para ofrecer dictámenes con evidencia científica, mencionó el titular.

Elementos de la Guardia Nacional resguardan la zona y se iniciaron carpetas de investigación de la Fiscalía de la República por daño a patrimonio arqueológico.