Xalapa, Ver.- Integrantes del colectivo Madres Luna luchan por llegar a una profundidad de 40 metros para poder extraer restos humanos de un pozo abandonado que fue explorado para extraer agua y del que sólo le dejaron “la mesa puesta a la delincuencia”, señaló Marcela Zurita, quien encabeza este grupo.
El pozo sirvió para que arrojaran cadáveres. Doña Marcela Zurita agrega que con una línea de tiempo que han trabajado y documentado, podrían calcular que ese pozo comenzó a ser utilizado desde 2012.
Tiene una profundidad de 40 metros y para meter ahí los restos usaron un tubo de 60 centímetros de diámetro. Ese tubo sería utilizado para la extracción de agua, pero no fue usado porque estaba seco.
“Entonces dejaron ese tubo ahí y pues le dejaron la mesa puesta a la delincuencia que ya no le costó ningún trabajo porque ahí en ese pozo de tantos metros de profundidad, nomás le echaban cal y ya tenían ahí su fosa…una fosa muy grande”, dijo.
En 2012, en la región de Omealca y municipios cercanos comenzaron a desaparecer personas.
En agosto de 2013 se registró una desaparición forzada masiva en Potrero Nuevo, municipio de Atoyac. En una noche 20 personas fueron subidas violentamente a unidades de la Secretaría de Seguridad Pública y nadie volvió a saber de ellas.
Entre los desaparecidos está una mujer de 80 años y menores desde los 14 años.
Algunos fueron sacados de un bar administrado por una banda delictiva.
Marcela considera que ese pozo no es una fosa común y corriente como otras que han encontrado en esa región, que escarban y a los dos metros encuentran cuerpos.
“Es una profundidad muy grande, son 40 metros, no ha habido ningún grupo o colectivo de ese tamaño para sacar restos de un pozo”.
Indicó que lo que les faltan son recursos, porque si bien instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos o la Comisión Estatal de Búsqueda les han apoyado moralmente o con algunos trámites o acercamientos, lo cierto es que no hay una respuesta financiera como en un principio fue anunciado.
“Tenemos dos años trabajando todo eso y los recursos que deberían de darnos y encargarse de esa búsqueda, sería la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene el recurso para hacer los trabajos. Entonces, todo el trabajo que estamos haciendo ahorita es manual…”, reconoció.
Dijo que ya llevan 10 metros excavados; calcula que podrían tardar hasta dos meses y aunque están conscientes que con maquinaria se llevarían de 15 a 20 días, no está en sus posibilidades y no hay respuesta gubernamental para esta necesidad.
“Tiene más de dos años que vengo pidiendo el apoyo para que se nos apoyara, desde que inició la Comisión Nacional de Búsqueda, entonces si yo no inicio a escarbar con mis manos, no iban a hacerlo”, aseguró.
LA CRISIS, EN CRISIS
El 1 de diciembre de 2018, al tomar posesión como gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García hizo una declaratoria de crisis por violación de Derechos Humanos y anunció un plan de acciones que hasta la fecha siguen sin ser cumplidas.
Dijo que se llevarían a cabo acuerdos y convenios institucionales con la Fiscalía General del Estado y con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para dar seguimiento a los hallazgos y peritajes realizados en las fosas clandestinas localizadas en el estado, con la participación de familiares y colectivos, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
En días pasados ofrecieron una disculpa pública a los familiares de los jóvenes desaparecidos en Papantla. Casi al inicio de su gobierno hizo lo propio en Playa Vicente, con los familiares de los desaparecidos en Tierra Blanca.
Anunció una dotación de recursos suficientes al Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación Integral con mayores recursos operativos y presupuestales a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas, además de la presentación de una iniciativa para crear un centro o instituto forense y de procesamiento de restos humanos; sin embargo, los panteones forenses todavía no se han logrado concretar.
De este modo lograrían procesar los hallazgos de cuerpos localizados para darles identidad a las personas no identificadas aún.
Anunció la instauración de una policía especializada en búsqueda de personas desaparecidas que acompañaría en el proceso de búsqueda y que sería dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, basificada en la Comisión Estatal de Búsqueda.
La Dirección General de Cultura de Paz y Derechos Humanos, que suplió a Desarrollo Político, tendría a su cargo la elaboración de un diagnóstico sobre la situación real y la problemática de las desapariciones en Veracruz, pero hasta el momento no ha sido anunciada o dada a conocer.