Ante los hechos de violencia física, psicológica y económica que sufren las mujeres, lamentablemente en las fiscalías impera la indiferencia y maltrato a este sector, señaló la abogada del colectivo Cihuatlahtolli, Luz María Reyes Huerta.
“Observo que muchas que van desgraciadamente sin asesor jurídico y que son regresadas literalmente sin interponer ninguna denuncia, sin hacer ninguna acción por varios pretextos, desde que no llevan asesor jurídico o que le faltan documentos o que pues piénsalo, de que ya lo pensaste que se va a meter a la cárcel al agresor y después quién te va a mantener”.
Por ello, señaló que los fiscales caen en la insensibilidad sin que apoyen a las mujeres y lo lamentable es que se les han asignado recursos como parte del cumplimiento de la alerta y que se espera que efectivamente, se vean reflejados en el número de fiscales especializados pero sobre todo en el trato y en la capacitación de las mismas.
“Desgraciadamente seguimos viendo esa revictimización, esa insensibilidad de parte de ellas y carentes de perspectiva que no entienden el ciclo de la violencia que las mujeres están inmersas y que es difícil salir de ella y eso es lo que se quieren ahorrar de una carpeta y cuando lo que nos lleva a estos niveles de feminicidios tan grave es la impunidad que perciben los agresores (…) eso es una realidad”.
Lamentó que persista la indiferencia en las políticas públicas, pues estas no cambian tanto en la Fiscalía y el Poder Judicial de que realmente hagan su trabajo y así los niveles de feminicidio no van a bajar y eso es en materia penal.
Comentó que, de 10 casos, dos son atendidas, aunque es muy tardado para las mujeres porque tienen que esperar porque van en busca de una respuesta, de una solución a un problema que enfrentan durante mucho tiempo.
Mencionó que los tipos de violencia que sufren son: psicológica, física, tentativa de feminicidio y violencia económica por la falta de proporción de alimentos para ella y para sus hijos, pero no tienen respaldo porque se encuentran con toda una burocracia enorme y con toda una carga de trabajo que hace muy difícil que a corto plazo ellas puedan tener resultados en materia de justicia.
Comentó que un proceso puede durar hasta dos o tres años y quién tiene la necesidad de mantener a sus hijos en el día a día pues sabe que mejor lo termina y se dedican mejor a trabajar.
Dio a conocer que una ocasión, le correspondió acompañar a una fémina a Nogales, donde el policía que la atendió no sabía leer, no sabía ni qué iba a firmar y tuvo que ir a pedir auxilio alguien de la Presidencia para que se lo leyera y tras informarle, el uniformado explicó que las patrullas estaban descompuestas.
“Entonces qué nivel de protección puede tener, hay otras medidas que prevé la ley de acceso, que prevé el Código pero esos son actos de molestia para la otra parte y se tiene que llevar a una audiencia para que el juez de control la ratifique y eso es lo que la Fiscalía se quieren evitar, el trabajo de llevarlo a control en cinco días en que la puedan imponer y después de esos cinco días llevarla a control”.
Sobre los casos de feminicidios, dijo que eso es desgraciadamente parte del juego que tiene la Fiscalía y el Gobierno para ocultar los hechos para empezar, “son ellos directamente a los que pueden según dar el carácter de que sí es feminicidio o no, o sea por protocolo todo se tiene que iniciar como feminicidio, pero ellos van a buscar miles de pretextos para que no encuadre en el delito, pero hay veces que encuadra y aun así lo remiten a delitos diversos y que lleguen acceder a la justicia son muy pocos”.