El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, confirmó que buscarán expropiar tierras en el ejido de Cobá, municipio de Tulum, con el fin de garantizar para el Estado mexicano la posesión del derecho de vía en ese tramo del recorrido del Tren Maya.
“Para la parte del derecho de vía sí tenemos que dejar al país con la certidumbre del derecho de vía pagado. Tenemos primero que garantizarle a la nación el derecho de vía”, aseguró.
Sin embargo, explicó que la parte que se expropiará es pequeña en comparación con la otra zona de desarrollo que supone el Tren Maya en torno a la estación ferroviaria de Cobá, para la cual plantearon a la asamblea ejidal la incorporación al proyecto de 500 hectáreas.
“Son dos fórmulas las que les planteamos a los ejidatarios, la primera es la expropiación para el derecho de vía y la otra es que se asocien al proyecto en el desarrollo urbano de largo plazo que se proyecta en torno a la estación del tren”, indicó.
Es decir, la expropiación será únicamente en 10.3 kilómetros para un tramo de doble vía, así como en las 3 hectáreas sobre las que se construirá la estación. Las otras 500 hectáreas solicitadas al ejido no serán expropiadas, sino que entrarían al fideicomiso de inversión y bienes raíces (fibra), mediante el cual se convierten en socios del proyecto, señaló el funcionario.
El desarrollo urbano de largo plazo que se pretende fomentar con el Tren Maya implica el desarrollo de infraestructura urbana y proyectos inmobiliarios en los que los ejidatarios mantienen la propiedad de sus tierras y se convierten en socios de cualquier proyecto de inversión que llegue a la comunidad, sea éste un hotel, un complejo habitacional o un centro comercial.
“Es un proyecto de largo plazo que va más allá de la vía y la estación, pues implica el crecimiento ordenado de la comunidad. Si viene un hotel, tiene dos opciones: o renta el terreno o se asocia con ellos, en ambos casos la comunidad siempre se mantiene como propietaria de sus tierras”, expuso Jiménez Pons.
Anuencia
La semana pasada, el comisario ejidal de Cobá, Mario May Fuentes, dio a conocer que los comuneros dieron la anuencia al Fonatur para que empresas especializadas realicen los estudios de mecánica de suelos, los cuales determinarán con precisión la porción del ejido más factible para el tendido de la vía férrea.
Aunado a las tierras para el derecho de vía, el Fonatur solicitó a los comuneros una superficie de al menos 3 hectáreas para la construcción de la estación ferroviaria.
May Fuentes aseveró que hay confianza en que el gobierno federal ofrezca precios justos por sus tierras ejidales. “Lo que tenemos ahorita son los técnicos que han venido para estudiar el suelo. Si la zona es factible para el plan que ellos tienen, van a indemnizar a toda esa parte del ejido”.
El diagnóstico
En una entrevista previa, Alejandro Varela Arellano, director jurídico del Fonatur, refirió que históricamente el gobierno ha relegado a los ejidos de Quintana Roo.
“Existe una desconfianza añeja hacia el gobierno por el olvido y las carencias en las que viven las comunidades originarias de todo el sureste del país. El reto es revertir esa desconfianza para lograr que se integren al proyecto del Tren Maya.
“El diálogo va a ser difícil porque tenemos una tradición de no cumplir con las obligaciones del gobierno y me refiero a lo más básico. El sureste tiene carencias básicas en urbanización, agua potable, drenaje, y falta total de apoyo para modelos productivos. Sabemos que estamos enfrentando una desconfianza histórica y justificada”, añadió.
Varela Arellano puntualizó que el caso de Quintana Roo es uno de los más representativos de esta realidad. “Los indicadores económicos del estado son maravillosos en crecimiento, empleo y en inversión extranjera, pero si volteamos a ver del otro lado de la carretera, porque ésta divide las dos realidades del estado, nosotros vemos que los resorts y los all inclusive no han tenido un impacto social que se haya derramado en las comunidades”, dijo.
“Cualquiera que conozca Quintana Roo sabe que la realidad en el ejido y la realidad en el frente de playa son muy distintas; revertir ese modelo y restablecer la confianza en la que una inversión liderada por el gobierno federal puede traer un beneficio social es un gran reto”, manifestó.
Como estrategia para revertir esa percepción, el Fonatur está ofreciéndose como gestor para la atención de problemas básicos que no tienen que ver con el Tren Maya. Ejemplificó con el acuerdo al que llegaron en Xpuhil, Campeche, comunidad que carece de agua potable, para lo cual dispusieron de la contratación de pipas que están suministrando semanalmente a esa comunidad, pagadas con recursos del Fonatur.
Para el 2020, priorizan obras en el sur de QR
Cancún, QR. El inicio del Canal de Zaragoza y la ampliación del Bulevard Bahía en Chetumal son las obras necesarias que los gobiernos estatal y federal se plantean como objetivos para el 2020, expuso William Saulceth Conrado Alarcón, secretario de Obras Públicas de Quintana Roo, en una reunión con el Colegio de Ingenieros del sur del estado.
Amir Padilla Espadas, presidente del colegio, reveló que el gobierno del estado recomendó a los ingenieros y constructores de la zona sur que realicen alianzas estratégicas entre sí mediante sociedades anónimas que les permitan cumplir con requisitos normativos, para poder competir por las obras federales de pavimentación, alumbrados y semaforización, que se realizarán el próximo año en el estado.
“De lo contrario, nos quedaremos viendo cómo empresas foráneas con mayor capital contable se quedan con esas obras”, explicó.
Según el informe que Conrado Alarcón le dio a los ingenieros, el primer objetivo 2020 en materia de obra pública es la ampliación del Bulevar Bahía, el cual ha avanzado en su diseño conceptual y se está concluyendo el proyecto ejecutivo, urbano, arquitectónico y estructural.
Además de la mejora urbana, es una protección para la ciudad, ya que la bahía sube de nivel seguido, por lo que se sugiere elevar el bulevar 1 metro más. El costo ronda 600 millones de pesos, con aportación federal y estatal, y será coordinado por la Sedatu.
Sobre el Canal de Zaragoza, Amir Espadas explicó que la Manifestación de Impacto Ambiental está lista. “Ya está todo listo. La máquina para desazolvar se localiza en Progreso y llegará al canal en una o dos semanas, dependiendo del clima; las obras complementarias ya se están haciendo, la Torre de Vigilancia ya está operativa al igual que los talleres. Al gobierno del estado le costará 1 millón y medio de pesos la estadía de esta máquina, que tendrá que estar dos años y medio trabajando en la zona”.
Otra de las obras que la Sedatu contempla en el 2020 es la construcción de un nuevo edificio gubernamental que, sumado a los que ya se encuentran en Palacio de Gobierno, centralizaría a las restantes oficinas de la administración estatal, con la finalidad de disminuir el pago de rentas y hacer más eficiente el servicio.