Por pretender facilitar los trámites de demandas de pensión alimentaria, los procuradores del DIF cometen errores y benefician a los deudores el que estos incumplan con las aportaciones, pues los casos no son llevados ante una autoridad competente como son los juzgados en materia familiar, dijo la abogada del colectivo Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta.

“Generalmente los procuradores son abogados y creo que lo que hay es la intención de resolver de manera rápida algo que les va a tomar un poco más de tiempo hacerlo en tribunales, hacer el convenio y llevarlos a ratificar al juzgado para que eso quede ahí como una sentencia ejecutoriada para que en la posteridad se puede hacer una sumatoria de cuánto es lo que se debe en caso de que incumpla y con eso denunciar a la Fiscalía, pero lo que ellos tratan, es hacerlo de manera económica y ahorrarse el desgaste de ir al juzgado”.

Dijo que existen excepciones entre los procuradores del DIF que hacen bien su trabajo, pero hay otros que dan una mala información en el manejo de la cuestión alimentaria y quieren conciliar con ellos.

“Los deudores siempre van a tratar de dar lo menos y los procuradores no entienden que no está en dentro de la facultad y lo mejor sería acudir a un juzgado de lo familiar pero dicen que ya lo demande en el DIF, pero el DIF no es una autoridad competente para conocer en materia alimentaria”.

Indicó la abogada que hay que valorar en ocasiones y no tiene una fuente de trabajo confiable para reclamar y lo mejor sería hacer un convenio ante un juez familiar y eso permitirá poder ejercitar o saber qué tipo de acciones se puedan tomar en contra del deudor, “pero hay una mala información a veces en las procuradurías del DIF”.