El vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, negó que con la legalización de la marihuana vaya a disminuir la violencia en el país y aseveró que legalizar su uso atenta contra la ética pública pues supone la degradación de valores, se permite lo que daña la salud de la población y va contra el bien común y la justicia.

En su comunicado dominical, reconoció que una cosa es el uso terapéutico de esta droga y otra, el uso lúdico de la misma.

Y es que aunque se han escuchado algunos “discursos encantadores justificando que la legalización disminuirá la violencia y se dice incluso que el gobierno debe asumir el control de esta droga y no la delincuencia, este tipo de estrategias no resuelven los problemas de fondo de nuestro país.

“La legalización de la Marihuana no garantiza de ningún modo que bajará la violencia. Las causas de la violencia son multifactoriales, no se debe sólo a la prohibición de la marihuana”, expresó.

Mencionó que la marihuana siempre será toxica y con esta legalización se está empujando al país a un enorme problema del cual no se dice cómo se saldrá.

“Alentar para que la gente se drogue y altere su conciencia, se vuelva adicta, pierda la brújula, la paz, la salud y el sentido de su existencia, no contribuye en nada a mejorar la sociedad; con este permisivismo sólo se promueve el deterioro físico, mental y espiritual de las personas y de la sociedad”, dijo.

Asimismo, mencionó que otro grave asunto es el proyecto de reforma del Artículo 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público donde se busca imponer a las Iglesias una ley mordaza, para que eviten exponer con libertad sus principios doctrinales.

“Con ese proyecto de ley se pasa por encima del Derecho humano a la Libertad de Creencia”.

Y criticó la Ley General de Población, aprobada además por todos los partidos de oposición, en un acto de traición a la población, el 3 de diciembre de 2020; y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“Con estas leyes se abrirían las puertas al aborto libre, a la perdida de la patria potestad, a la imposición de la ideología de Género en las escuelas y a la legalización de las bodas gay; se condenaría además a los médicos objetores de conciencia y empezaría una persecución contra quienes no quieran adaptarse “al pensamiento único”; peligrarían todas las instituciones, organizaciones y grupos que supuestamente ejerzan la “violencia simbólica”.

“Observamos con preocupación cómo se quiere imponer el marxismo cultural y se quiere destruir a las instituciones que sostienen y dan sentido a nuestra sociedad. Como dicen también los obispos: “a nadie conviene tener a un México dividido y fracturado por temas que exigen un debate social ordenado, paciente, respetuoso y bien fundamentado”. Es más importante trabajar por la unidad nacional pues nadie se salva solo”.