La procuración de justicia en el Estado es una de las grandes demandas pendientes, por lo que “no se puede tener al frente a una persona improvisada o recomendada”, así lo expresó el vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes.

En entrevista, aseveró que el Fiscal General del Estado debe reunir características como prestigio, honradez, que su conducta sea de transparencia y eficacia ante la creciente demanda de justicia de parte de la sociedad.

“La procuración de justicia es una tarea trascendente y muy delicada, no se puede poner al frente a una persona improvisada o simplemente recomendada porque el ejercicio de poder patrimonialista siempre daña la procuración de justicia”, dijo.

Además, consideró relevante que tenga una sólida formación académica, conocimiento profundo del nuevo sistema penal acusatorio y profesionalismo con base en las exigencias del nuevo modelo.

Cabe recordar que en fechas recientes, el Congreso local emitió la convocatoria para elegir al Fiscal General de Veracruz, luego de que destituyeran de forma definitiva del cargo a Jorge Winckler.

En total, 21 personas se inscribieron, quienes al cumplir con todos los requisitos, participaron en la fase de entrevistas.

En ese sentido, el vocero precisó que es urgente el nombramiento de quien encabezará la procuración de justicia del estado, aunque lamentó que el procedimiento parece “evidenciar nuevamente fallas jurídicas”.

“Llama poderosamente la atención que la convocatoria no la hizo la presidencia de la Comisión de Procuración de Justicia en el Congreso, sino la Junta de Coordinación Política de los diputados. El procedimiento parece evidenciar nuevamente fallas jurídicas que podrían ser tomadas en cuenta más tarde y que cuestionarían el propio nombramiento”, dijo.

Finalmente, recordó que la procuración de justicia en el estado de Veracruz es una demanda ciudadana pendiente, ya que diariamente se comente delitos, pero por una pésima conformación en las carpetas de investigación, violentan el “debido proceso”, y esos asuntos jurídicos no proceden y cuyo resultado directo es que las víctimas no acceden a la justicia.