En Los Atlixcos, municipio de Alto Lucero, los vecinos ven con preocupación que avanza la construcción de una granja avícola que no cumple con las especificaciones ambientales necesarias y a pesar de que ya fue motivo de denuncias, las autoridades prácticamente los han ignorado.

En conferencia, los integrantes de la agrupación señalaron que vislumbran un conflicto de intereses ya que el subprocurador de Medio Ambiente, Ernesto Cuevas Hernández, es amigo del exalcalde de Alto Lucero, Félix Manuel Domínguez, esposo de la exdiputada priista Marilda Rodríguez, quien fue el vendedor del terreno a un socio de la empresa Pilgrim´s Pride, para la instalación de la granja.

Julio Antonio Flores Guevara, ingeniero ambiental, quien encabeza el Comité por el Bienestar y Defensa Ambiental de Los Atlixcos, refirió que es una grave afectación la que hacen en su comunidad, pues la granja se instalará a sólo 600 metros, cuando las especificaciones legales indican que deben ser cuando menos tres kilómetros de distancia.

“Hace aproximadamente unos tres meses llegó maquinaria pesada, un gran número de trabajadores, despalmaron y desmontaron aproximadamente 30 hectáreas, hicieron cortes y nivelación en los terrenos, aplanaron, llegó una perforadora para extraer agua subterránea; todo mundo desconcertado, no sabíamos de qué se trataba y los trabajadores nos informaron que van a construir una granja avícola de la empresa Pilgrim´s México…”.

Aseguró que el agente municipal de Los Atlixcos no fue informado de esta obra ni de la situación y el alcalde dio una anuencia municipal y un permiso de construcción ilegalmente, ya que debieron sacar permisos no sólo ante el Ayuntamiento, sino en la Secretaría de Protección Civil y Medio Ambiente.

“Para que una obra de ese tamaño se lleve a cabo deben tramitar diversos permisos, ante Protección Civil, un estudio de viabilidad, de factibilidad regional y una manifestación de impacto ambiental y a nivel federal porque los cambios de uso de suelo, en terrenos preferentemente forestales deben tener permiso de la SEMARNAT”.

Señaló que la empresa se está amparando con una solicitud de opinión técnica, pero no es lo mismo que una anuencia y debieron esperar las autorizaciones.

Indicó que ya se entrevistaron con la titular de SEDEMA y que negó que hubiera un estudio de impacto ambiental, necesario en este caso. Al acudir a la Procuraduría de Protección al Ambiente, les informaron que ya habían hecho una inspección, pero pese a las irregularidades en las que incurre esta obra no hubo clausura.

Mencionó que esta instalación ya tiene afectaciones, como el desmonte de 30 hectáreas de terreno y que está cerca de una represa que se surte de los escurrimientos, como de manera pluvial y arroyos, pero con la tala ya hay afectación y cuando la granja opere habrá peores daños, prevén, y la autoridad aparentemente está más comprometida con quienes hicieron el negocio que con los habitantes.