Pugnas políticas han retrasado la elección de 13 magistrados para el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, que por retiro y algunos decesos han dejado espacios “huecos” que trataron de ser subsanados con jueces habilitados, lo que al final ha resultado contraproducente, pues ahora hay abogados que han impugnado las determinaciones de estos suplentes.

Los “jaloneos” se han manifestado y lo último fue la falta de consenso que se dio la semana anterior en el Congreso local, ya que el pasado viernes quedaron suspendidas dos sesiones, una la de la Comisión Permanente, donde sería convocada una sesión extraordinaria para someter a votación una lista de perfiles, pero no hubo consenso en la Junta de Coordinación Política y la pospusieron una semana, ya que será para el próximo viernes cuando lo intenten nuevamente.

En agosto de 2018, los diputados de la fracción de Morena en la anterior Legislatura, tomaron el Palacio Legislativo para impedir el nombramiento de 12 magistrados propuestos por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien había reconocido que tenía una lista de seis mujeres y seis varones, todos jueces, que pretendía fueran sometidos a la votación del Pleno para cubrir las vacantes.

Sin embargo, la resistencia de los diputados morenistas, quienes en ese momento no eran mayoría, venció a los panistas que optaron por la retirada y el mandatario anunció que no mandaría tal propuesta, por lo que al final cedieron y reabrieron las instalaciones del Congreso, que habían sido cerradas con candados.

Esta situación derivó en que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, subsanara las titularidades con los jueces habilitados, pero los abogados comenzaron a ampararse.

En un hecho inédito, el 10 de diciembre de 2018, el gobernador Cuitláhuac García anunció una convocatoria para que se inscribieran los aspirantes a las vacantes al cargo de magistrado y dejó en claro que habría prioridad para los perfiles con carrera judicial, además de tomar en cuenta la preparación de los aspirantes.

En total se inscribieron más de 400 profesionales en derecho, sin embargo, los meses han pasado y hasta el momento lo que han exigido algunos de los participantes es que desean transparencia, porque han observado que entre los contendientes hay perfiles políticos y dudan que entonces sea una elección como la planteada en un principio, libre de acomodos políticos.

Mientras tanto, hay una presión por parte de los diferentes grupos políticos y barras de abogados que exigen que ya se nombre a los nuevos magistrados.