Pese a las quejas mediáticas del secretario de Educación sobre un freno en las investigaciones por presunto otorgamiento de plazas en la pasada administración estatal, su propio departamento jurídico es el que no ha cumplido con los requerimientos que le ha solicitado la autoridad ministerial.

Lo anterior quedó evidenciado en el oficio FGE/FECCEV/215/2019, con fecha 8 de agosto, girado por Marcos Even Torres, Fiscal Anticorrupción, quien señaló que, desde el 30 de abril de este año, una vez iniciadas las indagatorias, solicitó información respaldada con documentos de prueba necesarios para avanzar en la integración de la carpeta de investigación.

Para tal fin, mediante el oficio número FGE/FECCEV/2655/2019, fechado el 17 de julio, pero el encargado del departamento jurídico, José Miguel Hernández, envió una respuesta incompleta.

Aunado a esa petición, el agente de la Policía Ministerial encargado de las investigaciones, solicitó la aportación de datos, para lo cual fue girado el oficio FECCEV/P. M./176/2016, fechado el 16 de julio de 2019, no obstante, el director jurídico José Miguel Hernández solicitó una prórroga de 12 días a través de un oficio enviado el 17 de Julio, un día después de la solicitud de la Policía Ministerial.

Pero al cumplirse los 12 días, el mismo director jurídico de la SEV, envió una nueva petición el 6 de agosto, en la que reitera su petición de prórroga por otros 12 días.

El Fiscal hace énfasis en su oficio sobre la importancia de los datos requeridos ya que señala que, de acuerdo con la línea de investigación del fiscal a cargo, de obtener esos documentos podrían obtener el soporte de los señalamientos que se realizan.

“Atento a lo detallado, en el que se hace referencia directa al estado que guarda la carpeta de investigación indicada, es que, respetuosamente se le solicita provea lo necesario para efecto de que el fiscal a cargo de la multicitada investigación reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar la determinación que en derecho corresponda, encontrándose así en condiciones de cumplir con el objeto de la investigación bajo los principios que rigen a las autoridades encargadas de la misma, como son los de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos”, cita.

Además, le recuerda al secretario que la carga de prueba para demostrar la culpabilidad en la denuncia que presentó, se requieren los datos solicitados o de lo contrario responda si hay imposibilidad jurídica.

Apenas el pasado miércoles, el secretario de Educación señaló que, a pesar de la denuncia presentada desde abril, no habían tenido avance las investigaciones.