La diputada Mónica Robles Barajas, reconoció que la extorsión es uno de los delitos de mayor impacto social y que más se ha incrementado en los últimos años en Veracruz, por ello presentó una iniciativa de decreto para reformar el artículo 220 del Código Penal, con el fin de que se tipifiquen las nuevas modalidades de este delito y se incrementen las penas para quienes lo realicen.

La diputada, precisó que de acuerdo con los Reportes de Incidencia Delictiva del Fuero Común, realizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia del delito de extorsión, entre los años 2015 y 2018 en Veracruz se han incrementado de más del 400 por ciento, en las denuncias por este ilícito.

Explicó que actualmente la sociedad veracruzana se está enfrentando a nuevas modalidades de extorsión, mismas que no se encuentran tipificadas en el Código Penal.

Por ello, busca que se tipifiquen y en caso de que el delito venga de un servidor público, miembro o exmiembro de alguna corporación de seguridad pública o privada las penas puedan de incrementarse.

En caso de que quien extorsione de forma telefónica o por cualquier medio electrónico fuere interno procesado o sentenciado, además de las penas previstas, se le aumentará de una tercera parte de los mínimos a una tercera parte de los máximos de las sanciones y no se le concederá beneficio de libertad previa.

Además de las penas señaladas, se impondrá de dos a seis años de prisión, cuando en la comisión del delito intervenga una o más personas armadas, o portando instrumentos peligrosos y cuando se emplee violencia física.

Así como cuando sea empleado cualquier mecanismo o amenaza, para hacer creer a la víctima, la supuesta intervención en el delito de algún grupo vinculado a la delincuencia organizada o asociación delictuosa sin ser ello cierto.

La iniciativa de Decreto fue turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.