"La búsqueda por la verdad y la justicia, ha sido la verdadera exigencia de las familias (...) nosotros nunca olvidaremos a nuestros hijos", así lo dijo uno de los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca enero del 2016.

En su mensaje y tras la disculpa pública que dio el gobierno de Veracruz, donde admite su responsabilidad por la desaparición forzada de los estudiantes, dijo que aunque, el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez recibió un estado con instituciones "dinamitadas" y funcionarios que trabajan dentro del crimen organizado, eso no lo deberá limitar en su tarea.

"El caminar con las víctimas sólo lo puede hacer cortando de tajo y haciendo justicia y exigiendo la verdad, pero no la verdad a medias, sino toda la verdad, sólo así se podrán transformar las instituciones y de no hacerlo corre el riesgo de volverse su cómplice".

Exigió que el estado de Veracruz condene a las 21 personas actualmente detenidas por su probable participación en el caso, llevando un proceso transparente y legal; además de investigar al Ministerio Público coludido en el caso y que aún está en funciones dentro del cargo sin ser investigado.

También, pidió desde su posición investigar a los exfuncionarios que permitieron que Veracruz contará con policías que no habían acreditado las pruebas de control y confianza y que están involucrados con las desapariciones.

Ahí, el señor advirtió a el primer titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, tener una oportunidad para hacer justicia a las víctimas.

"Nosotros como familias seguiremos haciendo lo que nos toca, seguiremos caminando y avanzado con quienes quieran avanzar y cuando no, exigiendo que cumplan con sus obligaciones".

El 11 de enero de 2016, los jóvenes Susana Tapia Garibo, José Benítez de la O., Bernardo Benítez Arróniz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Alfredo González Díaz, todos ellos de entre 16 y 25 años de edad, fueron detenidos sobre la carretera federal La Tinaja-Ciudad Alemán, cuando se dirigían a Playa Vicente, por policías estatales que presuntamente los entregaron a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.