El Congreso dio entrada a tres solicitudes de juicio político, mismas que serán turnadas a las Comisiones Permanentes Unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales.

Las solicitudes son en contra de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno; de Jorge Winckler Ortiz, fiscal general del estado; y de Edel Humberto Álvarez Peña, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia.

La solicitud de juicio político en contra de Eric Patrocinio Cisneros Burgos fue presentada por la diputada local del PAN, María Josefina Gamboa Torales.

La legisladora acusa al actual secretario de Gobierno de haber hecho señalamientos en su contra, sin aportar pruebas ni denuncias, poniendo en riesgo su integridad, la de su familia, pero además, la de sus representados.

La segunda solicitud de juicio político que se turna a comisiones es en contra de Jorge Winckler Ortiz, fiscal general del estado presentada por Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.

El ex funcionario, que recientemente fue excarcelado para continuar en libertad el proceso penal por el presunto delito de desaparición forzada, acusó al actual fiscal general de extorsión y actos de tortura.

En la demanda reconoce tener una casa Texas, Estados Unidos y un espacio para oficina, sin embargo, mediante tortura la tuvo que donar al gobierno del estado que encabezó Miguel Ángel Yunes Linares.

Y una tercera solicitud es en contra de Edel Humberto Álvarez Peña, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, fue presentada por Hilario Arenas Cerdán, presidente de la agrupación Observatorio y Contraloría Ciudadana.

En la solicitud se acusa a Álvarez Peña de disponer indebidamente de los recursos del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, uso de recursos públicos por concepto de gastos de representación y viáticos por 250 millones de pesos, sin que se hayan presentado soporte documental.

Abuso de autoridad, ejercicio indebido, incumplimiento de un deber legal y simulación de actos jurídicos; así como beneficios a diversas empresas en la construcción de 21 ciudades judiciales.