El pasado 26 de octubre de 2018, con 41 votos a favor y una abstención, los diputados del Congreso de Veracruz, aprobaron la LEY DE VOLUNTAD ANTICIPADA. Una ley hecha a la carrera, sin consulta de expertos ni de la opinión pública, un monumento sospechoso sin ética y que no responde a los valores del pueblo veracruzano.

La iniciativa fue presentada originalmente el 6 de agosto por la diputada María Elisa Manterola Sáinz del PAN. En los principios de doctrina de este grupo legislativo se afirma que: “La vida y la dignidad del ser humano deben protegerse y respetarse desde el momento de la concepción hasta su muerte natural”. ¿Nos encontramos ante una contradicción de principios que los asesores políticos no detectaron o no calcularon? ¿Se guardó un silencio cómplice? ¿Se renunció a los orígenes?

En un boletín oficial del poder legislativo se informó que esta ley “tiene por objeto garantizar la atención médica a los enfermos en situación terminal, así como la de acatar su decisión de negarse a someterse a medios, tratamientos y procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida”.

A primera vista, esta iniciativa de ley parece inofensiva, dado que da la impresión de que se busca evitar el ensañamiento terapéutico contra un enfermo en situación terminal, y los abusos inhumanos, que por la avaricia humana, a veces se cometen por parte de algunos médicos y hospitales privados en la atención a enfermos terminales, sin embargo haciendo un análisis un poco más profundo se evidencian varias irregularidades y contradicciones. La iniciativa conduce inevitablemente a la pendiente resbalosa que lleva a la eutanasia.

La Ley de Voluntad Anticipada en otros países como Holanda se ha prestado para abusos y prácticas eutanásicas. Qué pasaría si alguien expresa su “voluntad anticipada” sin conocer algunos avances de la ciencia en el tratamiento de su enfermedad? ¿Qué pasaría si por la “Voluntad anticipada” se deja de suministrar algunas terapias que provocarían la aceleración de la muerte del enfermo? ¿Será ético suprimir alguna terapia a un enfermo terminal porque no hay medicamentos o porque no alcanza el presupuesto de salud o porque hace falta liberar espacios en hospitales? ¿Qué valor tendrá la objeción de conciencia de un médico?

Llama la atención que no se le llame ley de ortotanasia sino de Voluntad Anticipada, seguramente para no generar el debate y la participación que hubieran sido provechosos. De hecho esta legislación recurre a lo largo de todo su desarrollo al concepto ético de ortotanasia que si bien es moralmente aceptable no por eso significa que en esta legislación sea un logro y un signo de progreso para los veracruzanos.

El comienzo de la vida humana y su término natural es un asunto delicado que requiere reflexión, consulta, fundamentación y análisis. Es lamentable que se distraiga a la población con consultas sesgadas y llenas de irregularidades jurídicas y sin valor, para dar la impresión que se atiende a la voluntad popular y por otra parte en asuntos neurálgicos como el término de la vida, los diputados de Veracruz legislan y se pronuncian menospreciando los valores del pueblo. Lamentamos que estos legisladores se hayan despedido del Congreso con una ley que huele a muerte.

Observamos que el proceso legislativo de esta ley de Voluntad Anticipada fue inconsistente desde su origen ya que la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso no envió la iniciativa a la Comisión Permanente de Salud y Asistencia; ni tampoco esta Comisión solicitó que se la enviara, tal y como lo marca el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno interior del poder legislativo del estado de Veracruz, pues el asunto de fondo era un tema de salud, y por ende la iniciativa no fue abordaba en plenitud.

La iniciativa sólo fue dictaminada por las Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables, así como por la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales. Al no existir el componente de la interpretación médica, los diputados locales se confundieron en la terminología y en la contextualización.

El tema legislado ameritaba que se hubieran hecho foros, consultas, coloquios o reuniones con expertos; parece más bien que se legisló en el silencio y se sorprendió a los ciudadanos. La única interpretación que contó fue la de los diputados de las comisiones si es que leyeron la iniciativa o en el mejor de los casos el trabajo de los asesores. Nos encontramos con una iniciativa de ley que no fue sancionada por la sociedad veracruzana y/o sus expertos o líderes de opinión; lo que significa que es una ley desprovista de legitimidad.

Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y Grupos Vulnerables eran: Gregorio Murillo de formación programador y licenciado en educación, Lourdes García (enfermera), y Amado Cruz Malpica (abogado laborista); y los de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales eran: Bingen Rementería Molina, (abogado), Carlos Antonio García Morales, (abogado con maestría en administración pública), y Gregorio Murillo Uscanga, (programador y licenciado en educación). No hubo ningún médico, la mayoría son abogados, una es enfermera y un programador y educador, por lo tanto, su Dictamen es endeble jurídicamente desde la Exposición de Motivos hasta la redacción de la misma. ¿Se publicará esta ley con estas graves inconsistencias?

Para mencionar otro elemento, estamos frente a una típica ley desvinculada de la realidad, ya que carece de un diagnóstico gubernamental desde la perspectiva de los déficits financieros de la secretaría de salud, por lo que respecta a la materia presupuestal, particularmente con la infraestructura médica que se requerirá, tanto en la parte administrativa para contar con un área que lleve el banco de datos de este tipo de pacientes, y un Programa de Voluntad Anticipada, que se tendrán que implementar; así como en la infraestructura humana, para la promulgación y difusión de esta ley.

Parece que estamos ante una ley más en Veracruz que no resistirá un análisis jurídico serio, que en el fondo sólo sirve para decir que se aumentó el número de estados que ya contemplan dicho ordenamiento jurídico, es más una moda legislativa que una ley que le sirva a la sociedad veracruzana. Si lo que se trató de evitar es el ensañamiento terapéutico, también habrá que prever que en Veracruz no haya ensañamientos jurídicos.

Pbro. José Manuel Suazo Reyes
Director
Oficina de Comunicación Social
Arquidiócesis de Xalapa