La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) tiene 15 días para proporcionar las versiones públicas de las investigaciones ministeriales y/o carpetas de investigación que tiene registradas por el delito de desaparición forzada, de 2015 a marzo de 2018.

De acuerdo a la comisionada presidenta del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), Yolli García Álvarez, explicó que una vez que la solicitud hecha cause estado, la FGE tiene cinco días para cumplir con la solicitud.

"Estamos en un proceso en donde ellos aún pueden cumplir con esta determinación; son alrededor de 20 días hábiles el tiempo en que nosotros podemos requerirlos para que entreguen la información", señaló.

Al presidir la guardia de honor a Miguel Hidalgo y Costilla que se realiza en la ciudad, indicó que la resolución que adoptó el IVAI hacia la fiscalía, está basada en la llevada acabó por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a la Procuraduría General de la República (PGR) por el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

Expuso que en su justificación el INAI declaró que en esos casos donde hay crímenes considerados de lesa humanidades o violaciones graves a derechos humanos debe entregarse toda la información.

"Con ese precedente nosotros ordenamos a la fiscalía a entregar esa información (...)."

Mencionó que entre la información que ha requerido el IVAI a la FGE es información pública sobre la solicitud que se hizo al momento de desaparecer una persona, qué delito se persigue y en qué etapa de la investigación está.

"La ley establece que siempre debes entregar cuando menos una versión pública de lo que está ocurriendo en el procedimiento para que la ciudadanía sepa que pasa, y en este tipo de casos y tratándose de esos crímenes se debe de dar toda la información aun cuando se esté en investigación".

García Álvarez, explicó que en caso de que no exista una respuesta por parte de la FGE, los responsables se pueden hacer acreedores a una amonestación, multa o una denuncia por incumplimiento de un deber legal.

"La propia ley lo dice, que cuando se trata de violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa humanidades o actos de corrupción no ópera la reserva", apuntó.