Maestros de cinco estados del país y de la Ciudad de México elaboraron la “Agenda Educativa: compromisos por la educación pública”, con la finalidad de presentarla a los candidatos a la Presidencia de la República, Senadores, diputados federales, gobernadores y diputados locales.
En ella se pide a los abanderados que definan su postura ante los temas educativos, manifestó Oswaldo Antonio González, vocero del Movimiento Insurgencia Magisterial.
Dijo que con la finalidad de puntualizar posturas tanto del magisterio como de la ciudadanía en general en torno de la Reforma Educativa, profesores de Michoacán, Puebla, Ciudad de México, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz se reunieron el mes pasado para elaborar la “Agenda Educativa: compromisos por la educación pública”.
Dicha agenda se circunscribe al marco de la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el que las promesas de revisar la Reforma o de quitarle lo punitivo, se vuelven comunes y trivializan lo que es un problema de fondo para el país.
“Esta Agenda Educativa es un listado mínimo de prioridades construidas de manera participativa por educadores y ciudadanos interesados en el tema”.
Indicó que a los candidatos que suscriban algunos de los compromisos aquí planteados, se les pide presenten la ruta ejecutiva o legislativa que seguirán para hacerlo efectivo y que no solamente planteen más promesas.
Los compromisos por la educación pública que busca consolidar la mencionada Agenda Educativa platean que la educación en México debe estar sustentada en el respeto, promoción y formación de/en los derechos humanos, que el magisterio no debe ser una profesión de excepción.
Por ello, se deben garantizar las plazas de base después de cubrir el tiempo normativamente establecido para otros trabajos y garantizar presupuestos para cada escuela del país con los cuales se impulsen proyectos escolares de vinculación comunitaria y que tengan por objeto el cuidado del medio ambiente, la promoción de economías solidarias y el rescate de las culturas locales.
Los compromisos también plantean que se debe garantizar que los normalistas que cuenten con cédula profesional accedan al servicio educativo de forma automática, los cuales para obtener su plaza de base deberán realizar una evaluación de desempeño que incluya la valoración de la comunidad educativa en la cual labora, que el Estado sea el responsable de la impartición del servicio educativo, dotación de material didáctico-tecnológico, infraestructura, construcción y dotación de mobiliario, sin la intervención de la iniciativa privada y prohibir la utilización de mecanismos financieros especulativos (como Escuelas al Cien) en aras de aumentar los presupuestos públicos destinados a la educación.
El vocero del Movimiento Insurgencia Magisterial manifestó que a casi seis años de implementada la Reforma Educativa impulsada por el Pacto Por México, los beneficios prometidos nunca llegaron y que en cambio sí se logra observar el desmantelamiento de la educación pública.