Después de realizar los ahorros institucionales a los que obligó la Secretaría de Educación Pública (SEP), nueve universidades públicas del país enfrentarán a finales de año un pasivo acumulado de 16 mil 677 millones de pesos, que les impedirá pagar nómina y operar, advirtió la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

La principal causa externa del déficit es la insuficiencia financiera y la reducción de los fondos extraordinarios, que se eliminaron del presupuesto para este año.

Se trata de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, las universidades autónomas del Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Chiapas las que “experimentan problemas financieros críticos que ponen en riesgo su operación”.

Estas nueve instituciones públicas de educación superior concentran una nómina de alrededor de 60 mil empleados, así como una matrícula de 212 mil 582 estudiantes.

Las universidades deben siete de cada 10 pesos que les entrega el gobierno federal como subsidio público. Es necesaria una solución estructural al problema, alertó la asociación que concentra a las 193 universidades más grandes e importantes del país.

“Como en años anteriores, independientemente de los planes de austeridad y racionalidad financiera, el déficit estimado para el cierre de 2019 se reflejará en un problema de liquidez que, de no atenderse de manera estructural, les dificultará el pago de nómina, prestaciones, pensiones y jubilaciones así como gastos de operación”.

Esta es una de las conclusiones a las que llegó la ANUIES como parte del documento Resultados del diagnóstico integral de nueve universidades públicas estatales en situación financiera crítica, que elaboró en junio de 2019 y que presentó la confederación a la SEP en una reunión con la Dirección General de Educación Superior Universitaria, documento al cual EL UNIVERSAL tuvo acceso.

En 2018 la Secretaría de Hacienda entregó recursos extraordinarios por 2 mil 309 millones de pesos (mdp) para que ocho de las nueve universidades, con excepción de la ubicada en Chiapas, pudieran enfrentar el pago de nómina y aguinaldos de los últimos meses de 2018.

A cambio del recurso, se comprometieron a realizar programas de disciplina financiera: optimizar su planta de maestros y trabajadores, asegurar el cumplimiento de cargas horarias, suspender nuevas contrataciones, congelar las plazas vacantes y reducir el personal por honorarios, así como reducir el peso financiero de las prestaciones contractuales no reconocidas por la SEP y su sistema de jubilaciones y pensiones.

Sin embargo, de acuerdo con el análisis de la ANUIES, aun después de aplicar las medidas de austeridad las universidades lograron conseguir ahorros de 14% del total del déficit de operación del conjunto de estas instituciones, es decir 722 millones de pesos.

El impacto de las medidas de austeridad fue muy distinto en cada una: para dos de ellas, los ahorros fueron menores de 10 millones de pesos, con un impacto de menos de 2% de su deuda. Sólo el Estado de México logró abatir 47% de su déficit; Zacatecas y Michoacán lo redujeron 19% y 16%, respectivamente, y las otras cuatro redujeron su deuda entre 10% y 15%.

El monto que deben las universidades es superior a las proyecciones que se habían dado desde abril de 2018, las cuales eran de 15 mil mdp, lo que indica que “la situación deficitaria de las universidades está aumentando y requiere una solución estructural”.

“La magnitud del déficit acumulado equivale a 71% de su subsidio público ordinario, de 23 mil 461 millones de pesos, con un rango que va de 29% a 190%”, señala la institución.

Hay algunas instituciones de educación superior, como la Autónoma de Zacatecas, cuyo déficit acumulado equivale a 130% de su subsidio federal y estatal; mientras que para las universidades autónomas de Chiapas y Nayarit la deuda es casi el doble del presupuesto que reciben.

La ANUIES encontró que la principal causa externa del déficit es la insuficiencia presupuestal, puesto que creció la matrícula y la infraestructura de las instituciones, pero no las aportaciones federal y de los gobiernos estatales; de 2013 a 2018 también se redujeron 80%, en promedio, los recursos extraordinarios que se les entregaban a las universidades para pagar nómina y a final de año, salarios y aguinaldo.

“A precios corrientes, los recursos entregados a las nueve universidades pasaron de 665 millones de pesos en 2013 a 169 millones en 2018. Esto significa una reducción real de 80%. La cancelación de apoyos para saneamiento financiero, cuyos recursos estuvieron etiquetados cada año para siete de las nueve universidades en crisis, incidieron en la agudización del problema”.

A la compactación del presupuesto se suma el incumplimiento de los gobiernos estatales y factores internos como la plantilla de personal y prestaciones no reconocidas o que exceden lo autorizado por la SEP-SHCP; regímenes de pensiones, adeudos de impuestos y de pagos de aportaciones a la seguridad social.

Ante la magnitud de la problemática, la ANUIES consideró necesario “diseñar estrategias para la atención del déficit en el corto plazo, al cierre de 2019, y en el mediano plazo, 2024, bajo la consideración de que la problemática financiera no se limita a estas universidades y que los cursos de acción deberán estar dirigidos al conjunto de instituciones públicas de educación superior”.

El organismo también emitió la recomendación de restituir el programa U081 Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales a partir del segundo semestre de 2019, con un monto de 5 mil millones de pesos, el cual se eliminó del presupuesto 2019, “a fin de que se cuente con un fondo con nuevas reglas de operación destinado al conjunto de universidades, que atienda las diferentes causas del déficit”.