El 20 de febrero anterior la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Veracruz incautaron una bodega propiedad del ex gobernador Javier Duarte, en la colonia Paraíso, municipio de Córdoba.

Durante el último año de la administración del priísta Javier Duarte de Ochoa se detectó un presunto daño patrimonial por 12 mil 592 millones 249 mil 805 pesos a las arcas públicas, situación que pone en la mira a varios ex funcionarios de su primer círculo de gobierno. Algunos de ellos ocupan un escaño en la Cámara federal y otros viven alejados de los reflectores públicos tras la caída de Duarte.

El informe de la Cuenta Pública 2016, que el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) entregó al Congreso del estado el viernes pasado, revela que del total del presunto daño patrimonial, 718 millones 497 mil 195 pesos corresponden a observaciones a los entes municipales, 6 mil 883 millones 803 mil 779 pesos a la cuenta pública consolidada, y 4 mil 989 millones 949 mil 830 a los entes estatales.

Entre las dependencias observadas destaca la Secretaría de Finanzas y Planeación, la cual no pudo justificar la administración de 6 mil 833 millones de pesos. En el ejercicio observado, el titular fue Antonio Gómez Pelegrín, el sexto titular de la dependencia durante el gobierno duartista.

Al cierre de esa administración, Gómez Pelegrín aceptó que el gobierno de Duarte de Ochoa utilizaba “la licuadora”, un esquema financiero por el cual sacaban dinero de ciertos fondos para propósitos distintos a los que estaban destinados.
La Secretaría de Seguridad Pública, con Arturo Bermúdez Zurita (hasta agosto de 2016), y José Nabor Nava Holguín, al frente de la dependencia al termino de esa administración, tuvo observaciones por 214 millones 590 mil 971 pesos.

En agosto de ese año, Bermúdez Zurita renunció al cargo en medio de señalamientos de enriquecimiento ilícito, cuando se revelaron sus múltiples propiedades en el extranjero. Tras su renuncia debió enfrentar una investigación por tráfico de influencias y enriquecimiento ilegal, que derivó en su detención en febrero de 2017. En la actualidad se encuentra preso en el penal de Pacho Viejo.

Otra área con observaciones es la Coordinación de Comunicación Social, con Alberto Silva Ramos (octubre del 2016), e Irma Chesti Viveros (quien tomó la estafeta hasta el final de la administración) tuvo observaciones por 2 mil 284 millones 812 mil 744 pesos. Silva Ramos ha sido señalado por el uso de empresas fantasma para triangular recursos públicos.

Recientemente, los diputados del PRI de la Comisión Instructora desecharon un proceso de desafuero en su contra. Alberto Silva despacha en el Congreso federal. En la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), con Xóchitl Adela Osorio Martínez, hubo observaciones por 724 millones 469 mil 276 pesos. Pese a que el gobierno de Duarte estaba en declive, Osorio Martínez se sostuvo en la administración hasta el final.

En la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), con Víctor Garrido Cárdenas (enero-mayo del 2016) y Eduardo Vega Yunes, quien estuvo al frente de la dependencia desde mayo del 2016 hasta concluir la administración, se hicieron observaciones por 9 millones 736 mil 133 pesos.

En la Secretaría de Desarrollo Social las observaciones fueron por 184 millones 692 mil 778 pesos, y ponen en la mira a Alfredo Ferrari Saavedra, quien asumió el cargo luego de estar al frente del PRI veracruzano. En la Secretaría de Medio Ambiente, con Víctor Alvarado Martínez, no se pudieron justificar 7 millones 988 mil 325 pesos.

Este viernes, el auditor general del Orfis, Lorenzo Antonio Portilla, entregó el Informe de Resultados de la Cuenta Pública a la Comisión de Vigilancia del Congreso. Durante el acto, detalló que en las auditorías a los entes públicos se detectaron erogaciones sin comprobar y cuentas bancarias no registradas contablemente.

A partir de la entrega de la Cuenta Pública, el Congreso tiene dos semanas para dictaminarla, e iniciar la fase de comprobación.

Con información de La Jornada