Víctor Manuel López Gachuz es un contador público, restaurantero y socialité en Veracruz. Pero, sobre todo, es el personaje clave detrás de una red de 400 empresas fantasma, utilizada por el exgobernador Javier Duarte para desviar recursos públicos, entramado al que está ligado ASISMEX, entidad acusada por el INE de financiar ilegalmente al PRI en la elección presidencial de 2012.

La red de empresas fantasma que se revela en esta nueva investigación es muy diferente en estructura y operación a la que actualmente investiga la Procuraduría General de la República (PGR) y por la que está encarcelado Javier Duarte.

Tras un año de investigación, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y Animal Político identificaron que la red ligada a Duarte es 7 veces más grande de lo que hasta ahora se conocía, y el monto del desfalco es 4 veces mayor.

Esta red está formada en realidad por 400 empresas, de las cuales 57 obtuvieron contratos públicos por 3 mil 617 millones de pesos. Hasta antes de estos nuevos datos, sólo se conocía la existencia de 38 empresas fantasma ligadas entre sí en Veracruz, y el monto del desfalco ascendía a 905 millones de pesos.

La fábrica de fantasmas

La información, sacada de cientos de actas de varios Registros Públicos del Comercio (RPC), revela que López Gachuz es socio y representante legal de tres compañías y dos cooperativas, en las que comparte cargos o acciones con decenas de personas ligadas con las 400 empresas de su red.

Por ejemplo, Grupo Balcano –que recibió contratos por 194 millones de pesos- tiene como dueña a Fabiola Jacqueline Mundo González, una contadora asociada a Gustavo Adolfo Gutiérrez Gámiz y Mauricio Bayron González, colaboradores y, a su vez, socios de López Gachuz en seis empresas más.

Otro ejemplo: López Gachuz era el apoderado legal de Corporativo Utilitas, una empresa que tenía como accionistas y miembros del consejo a los dueños de otras 9 empresas de la red fantasma, entre ellas Provideri, Comergo y Comercializadora Manduca, que en conjunto obtuvieron contratos del gobierno de Duarte por 42 millones 506 mil pesos.

Estas empresas, a su vez, se conectan con más. Uno de los supuestos dueños de Manduca es accionista a la vez de Pefraco y Gomgo, que obtuvieron contratos públicos con el Gobierno de Duarte por 327 millones de pesos.

Uno de los accionistas de Utilitas era Joel Solano Domínguez, a quien el INE identificó como uno de los personajes que aportó dinero a la empresa fantasma Asismex que financió al PRI en 2012.

Este tipo de conexiones se multiplican en la red de 400 empresas, según constataron los reporteros en el cotejo de cientos de actas.

En la revisión documental también se determinó que sólo 57 de las 400 empresas obtuvieron contratos del gobierno de Veracruz entre 2010 y 2016. El resto de las compañías sirvieron como comparsas de las licitaciones y fueron utilizadas para la compra de inmuebles o para presuntas operaciones de lavado de dinero o evasión fiscal.

De las 57 empresas con contratos, 30 han sido boletinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como inexistentes por simular operaciones mercantiles. Entre ellas, se encuentran las 10 compañías que más dinero recibieron por parte del Gobierno de Veracruz.

¿Quién es López Gachuz?

A nivel nacional López Gachuz es un personaje de bajo perfil, pero en Veracruz es ampliamente conocido. Nació el 2 de agosto de 1961 en la Ciudad de México y por lo menos hasta el 2008 tenía una residencia en el fraccionamiento Costa de Oro, uno de los más exclusivos de Boca del Río.

Este contador de 56 años de edad, a quien le gusta codearse y relacionarse con la élite veracruzana, ha sido señalado por Xóchitl Tress Rodríguez, ex colaboradora de Javier Duarte, como uno de los participantes en una reunión donde se acordó la compra de una casa para ella.

Esta compra ocurrió en mayo de 2014 y se hizo en el restaurante El Azafrán, propiedad de López Gachuz. En esta operación participó Tarek Abdalá, actualmente diputado federal, pero funcionario en el Gobierno de Javier Duarte los primeros 4 años de su gobierno.

López Gachuz fue dueño de El Azafrán, un establecimiento de cocina española que al menos hasta antes de su cierre, por una supuesta remodelación en 2017, era uno de los más populares para comer y cenar en el puerto.

Pero el negocio principal del contador público no era el restaurante, sino su despacho GLG Asesores Empresariales, que -de acuerdo con su página web- es una firma con casi 30 años de experiencia, dedicada a brindar “asesorías a empresarios en distintos ramos”.

Restaurante Azafrán

Este despacho operaba paralelamente un sistema de creación de empresas fantasma que son capaces de emitir facturas reales y que se utilizan para diversos fines ilícitos.

A través de esta red de compañías fantasma el despacho obtuvo recursos públicos, aun sin contratos o fingiendo competencia en diversas licitaciones, con sus propias empresas.

Animal Político y MCCI buscaron la postura del contador Víctor Manuel López Gachuz sobre su participación en la creación de esta red desde septiembre de 2017, pero hasta el cierre de este texto no hubo respuesta.

Incluso se acudió en tres ocasiones distintas al despacho ubicado en la calle Sahagún 123, en el Fraccionamiento Virginia del Puerto de Veracruz, la última visita se hizo en marzo pasado, donde se entregó al guardia de seguridad un escrito detallando los hechos que se narran en esta investigación periodística, pero aun así no fue respondida la solicitud de entrevista.

Los primeros indicios

Desde el 13 de febrero de 2017, MCCI aportó los primeros indicios de que el creador del esquema de las empresas fantasma de Veracruz era el contador López Gachuz, desde el referido despacho.

En aquella fecha, MCCI publicó que el despacho LG Asesores Corporativos S.C, que dirige el contador López Gachuz, había participado en la operación del Conejobús, un proyecto de transporte emprendido por el ex gobernador de Chiapas Juan Sabines, actual cónsul en Orlando, Florida, en el que tres compañías ligadas a la red fantasma de Veracruz obtuvieron contratos por 118 millones de pesos entre 2010 y 2012.

Mauricio Bayrón González, empleado de López Gachuz, fue quien inscribió ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), la marca Conejobús, como apoderado legal del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla S.A. de C.V. (SITUTSA), empresa cuyo accionista mayoritario es el Gobierno de Chiapas.

Dentro de esta nueva red de empresas, Bayrón González tiene vínculos con otros prestanombres. Por ejemplo, está asociado con Fabiola Jacqueline Mundo González en la sociedad cooperativa SOPS, quien a su vez es dueña de la firma fantasma Grupo Balcano S.A. de C.V., a quien el Gobierno de Duarte le dio contratos por 60.7 millones de pesos.

La empresa con más contratos… ¡es una estética!

Reportajes anteriores documentaron que, Abastecedora Romcru S.A. de C.V. había recibido contratos por 180 millones 913 mil pesos. Sin embargo, esta investigación reveló que el monto real de asignaciones a esta empresa alcanzó más del doble, al sumar 456 millones 798 mil pesos. Además, fue la que acaparó el mayor monto.

Sus socios, Raúl Antonio Chirino Escobar y Francisco Fernández Sánchez, eligieron como domicilio fiscal una pequeña casa ubicada en la calle Carlos Cruz número 169, en la zona popular del centro del Puerto.

Abastecedora Romcru fue constituida el 24 de marzo de 2012 en Córdoba con 13 objetos sociales, entre los que destacó la comercialización de todo tipo de artículos y bienes.

Los socios de Romcru están ligados, a su vez, con decenas de compañías más que, al revisar los nombres de quienes aparecen en sus actas, siempre conducen a López Gachuz y a sus colaboradores.

Un ejemplo: Francisco Fernández Sánchez, socio fundador de Romcru, es socio en la empresa fantasma EMGENET S.A. DE C.V. junto con otro prestanombres más: Humberto Bárcenas Luna.

A su vez, Bárcenas Luna es socio de la empresa BARCELU S.A. DE C.V. en donde una de las representantes legales es Fabiola Jacqueline Mundo González. Esta mujer, es a su vez una de las varias accionistas de una compañía de nombre SOPS S.C. DE R.L. DE C.V. en donde también es socio Gustavo Adolfo Gutiérrez Gamiz, quien es uno de los contadores socios del despacho Gachuz.

En esta empresa SOPS S.C. DE R.L. DE C.V. figura como comisario de vigilancia Mauricio Bayrón González, un abogado cuyo nexo con Gachuz ya ha sido documentado por MCCI en reportajes pasados.

Otro de los vínculos se da desde otra de las ramas de la misma red: Francisco Fernández Sánchez es comisario de vigilancia en la empresa INDUSTRIAS FRAPIN donde la segunda accionista es Griselda Sae Blanco. Esta mujer es a su vez accionista en la empresa SEGURISIGUENPRE S.A. DE C.V. donde la otra socia es Jacqueline Terrón Antonio.

Jacqueline Terrón, como todos los nombres descritos, es otra falsa empresaria prestanombres. A Jacqueline Terrón la llevó Gachuz y Tarek al restaurante El Azafrán para que firmara un traspaso de dinero de una de las empresas donde era socia y apoderada (Grupo Comercial Terrami) a Xochitl Tress (entonces novia de Javier Duarte) y pudiera, con ese dinero, comprar una casa. Confesión que hizo Jacqueline en una declaración ministerial en la Fiscalía de Veracruz.

¿Entonces, qué hay realmente en la calle Carlos Cruz número 169? “Pestañas $120”, “Corte más alaciado $100”, “Diseño de ceja y alaciado $70”, se pudo leer en tres cartulinas fluorescentes pegadas en los extremos de una angosta fachada, donde se suponía estaba Romcru, la mayor proveedora del gobierno de Duarte.

En ese lugar, donde debió existir una gran empresa o al menos oficinas con algún tipo de infraestructura y equipo de trabajo que mostrara el poderío de una empresa con contratos millonarios, únicamente ha existido una estética con una modesta entrada de no más de un metro y 50 centímetros de ancho.

Una desgastada lona amarrada a un barandal cercano ha servido para anunciar el negocio: “Estética Unisex D´Flor”. No hay nada más.

“La verdad nunca ha habido ninguna empresa”, confirmó Flor Urgiel Gertrudis, la encargada de la estética. “Un tiempo estuvieron trayendo recibos a nombre de esa compañía, pero pues pensamos que no eran para aquí. Mi hermana me dijo que vinieron a preguntar, que vino gente de televisión, pero hasta ahí”.

Dijo que personal de Hacienda los visitó para constatar que ahí estuvo Abastecedora Romcru, pero no recordó la fecha. Ella no sabía que la empresa registrada en ese domicilio fue la que más dinero obtuvo por parte del Gobierno de Veracruz en tiempos de Duarte.

“¿A poco? ¡Nos hubieran dado un poquito para mínimo arreglar! Ni al caso”, dijo entre risas, incrédula, cuando escuchó que una empresa que utilizó la dirección de la estética recibió más de 400 millones de pesos en contratos.

El primer contrato a Romcru se otorgó al mes siguiente de haber sido constituida. Se lo asignó la Secretaría de Finanzas el 25 de abril de 2012 para abastecer paquetes de material pedagógico por 5 millones 800 mil pesos. Luego, la misma dependencia le entregó de manera directa, recursos para supuestos programas de capacitación y evaluación de los empleados por un monto de 186 millones de pesos.

La Secretaría de Agricultura firmó 18 contratos con Abastecedora Romcru, en los que simularon la venta de “paquetes de maíz” por 43 millones de pesos, mientras que el DIF Veracruz compró artículos electrodomésticos, a la misma compañía, por 4 millones de pesos.

Romcru tuvo una oferta de servicios tan variada que, en algún momento, la Secretaría de Gobierno firmó un contrato con ella por 11.6 millones de pesos para capacitación del personal en 212 oficinas del Registro Civil. Además, también vendió materiales de construcción por 80 millones de pesos distribuidos en 14 contratos a la misma dependencia.

En el corazón de WTC

Para esta nueva investigación se visitaron 13 direcciones de empresas establecidas en la Ciudad de México, además de 18 domicilios en el Estado de Veracruz, 5 de ellos en Xalapa, en donde deberían estar ubicadas más de 150 empresas de la red. Pero en ninguno de estos lugares se pudo encontrar a empresas en operación.

En el caso de las direcciones en la Ciudad de México, entre las que hay incluso una oficina dentro del World Trade Center y otras más en Polanco, corresponden en realidad a “oficinas virtuales”, que son espacios que se rentan para albergar la dirección fiscal de múltiples compañías, pero sin que realmente tengan operación alguna en el sitio.

Entre esas empresas está Anunsa S.A. de C.V. y Vybebien Inmobiliaria S.A. de C.V., cuya dirección fiscal es una oficina virtual del piso 33 de WTC. Tras confirmar lo anterior en 2017, el equipo de reporteros volvió en febrero pasado a dicho edificio y al tratar de entrar se les indicó que por petición de “una empresa” ya no tenían acceso a ninguno de los pisos.

Registran más de 351 millones de pesos en pagos a medios de comunicación

Morgarver S.A. de C.V., constituida en Medellín, Veracruz, el 27 de abril de 2012, tenía siete objetos sociales, pero el principal era la elaboración y venta de todo tipo de publicidad impresa, audiovisual, de radiodifusión o de cualquier otro medio impreso.

En el reportaje publicado por Animal Político en mayo de 2016 se había documentado que su dirección estaba en la calle Santo Domingo 639, colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz. El sitio es una casa con un deterioro evidente cuyo ocupante, quien no quiso dar su nombre, dijo que se trata de una vivienda y no es sede de ninguna empresa.

Esta empresa obtuvo 270 millones de pesos en contratos con el DIF Veracruz, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Cultura, pero el dinero se ha quedado en el limbo, ya que el SAT también la reportó como fantasma el 25 de octubre de 2016.

Entre los pagos reportados vía transparencia por las dependencias antes mencionadas, destacan 10 cuya descripción apareció como “medios”. Estos contratos por más de 163 millones de pesos, fueron cubiertos por la Secretaría de Finanzas.

Pero esta no fue la única empresa con la que se triangularon pagos a medios de comunicación: la Secretaría de Finanzas destinó otros 351 millones 549 mil pesos en pagos a medios de comunicación, todos ellos firmados con seis empresas de las cuales cinco fueron reportadas como inexistentes por el SAT.

Vía Acceso a la Información, la misma dependencia reportó que la empresa Comercializadora Monmar S.A. de C.V.- clasificada como fachada por el SAT el 16 de octubre de 2017- recibió contratos por 67 millones 327 mil pesos y el concepto de contratación fue, nuevamente, para “medios”.

Lo mismo ocurrió con la empresa Publi Zarey -reportada como fantasma en las listas del SAT el 25 de julio de 2017-, la cual recibió más de 9 millones de pesos bajo el mismo concepto. Merca Carrey S.A. de C.V., obtuvo 68 millones pesos y también ha sido clasificada como inexistente.

En el caso de la empresa Desarrolladores Mercalim S.A. de C.V., la Secretaría de Fianzas reportó ocho contratos firmados el 31 de diciembre de 2014, para “pago de facturas a medios de comunicación” por 39 millones 535 mil pesos. Al igual que las antes referidas, el SAT la reportó como fantasma el 25 de octubre del 2016.

La última empresa de la red que reportó pagos por difusión de actividades gubernamentales en medios de comunicación fue Logística Comercial Comerlogi S.A. de C.V. A ésta le dieron poco más de 3 millones de pesos.

Aunque no fue reportada por el SAT como inexistente, el domicilio de Comerlogi está ubicado en la calle Heroísmo 735-1. Colonia Miguel Hidalgo, en Veracruz. En esta no hay zonas con naves industriales, solo casas y terrenos baldíos.

Mano fantasma en centros de readaptación de Veracruz

Las empresas Rinoxa S.A. de C.V., Cymaned S.A. de C.V. y Comergut S.A. de C.V., las tres declaradas por el SAT como inexistentes, recibieron contratos que juntos rebasan los 68 millones de pesos. Su trabajo no fue cosa menor; por el contrario, se encargaron “revisiones, análisis y diagnósticos” en 17 penales de Veracruz. No obstante, en la documentación oficial obtenida vía transparencia, no hay explicaciones sobre esos servicios.

Las tres empresas firmaron los contratos con la Secretaría de Gobierno el mismo día: el lunes 10 de diciembre de 2012.

Rinoxa S.A. de C.V. cobró 22 millones 850 mil pesos por servicios de evaluación y diagnóstico de los sistemas, procedimientos, equipos y medidas de seguridad en los 17 centros de readaptación del Estado, según reportó la Secretaría de Gobierno de Veracruz vía Acceso a la Información.

Esta empresa registró como domicilio fiscal el número 1335 de la calle Cervantes y Padilla, en el Puerto de Veracruz. Pero en este lugar no existe alguna compañía o un despacho. En la esquina de la calle Cervantes y Padilla número 1335, en la colonia Virgilio Uribe, sólo está la tienda de abarrotes “Ody”.

“¿Vienen por el nombre de una empresa fantasma? Sí, ya vinieron de México, hasta la PGR vino a levantar aquí un acta el año pasado (…) Vienen de Hacienda a cada rato para saber si está aquí esa empresa, pero esta tienda tiene más de 20 años. Vinieron hace como seis meses y dijeron que ya no nos iban a volver a molestar, pero de Hacienda siguen viniendo”, declaró en febrero pasado la señora responsable de la tienda desde hace más de tres años.

Cymaned S.A. de C.V. fue la segunda empresa que firmó un contrato por más de 23 millones de pesos, bajo el concepto “Servicio de revisión, análisis, diagnóstico y detección de oportunidades 17 Ceresos”.

Mientras que Comergut S.A. de C.V. obtuvo más de 23 millones de pesos por un contrato en el que ofreció servicios de estudio, diagnóstico y mecánica de suelos de los terrenos en los que se encuentran asentados los 17 Centros de Readaptación Social del Estado.

Prefieren no hablar

Mientras la mayoría de las personas que fueron consultadas para esta investigación aceptaron hablar cuando se les mencionaba que sus domicilios o nombres estaban relacionados con el esquema de empresas fantasma ligado a López Gachuz y Javier Duarte, hubo algunos otros que se negaron a declarar.

Las empresas Comercializadora Pagoli y Landun Freiheit comparten el mismo domicilio: la casa ubicada en el 1473 de la calle 2 de abril, en la colonia Reforma, en Veracruz.

Esta casa de dos plantas, con dos puertas laterales marcadas con el mismo número y una sola familia viviendo en su interior, también es la sede de las empresas Wenver Empresarial, Grios S.A. de C.V. y Pioneros en la Consultoría S.C.

La mujer que vive ahí, pero que se negó a identificarse, prefirió no responder las preguntas de los reporteros sobre las empresas registradas en su domicilio.

Pagoli, que está registrada ahí mismo, es una de las tres empresas en las que César Álvarez Alegría, otro colaborador de López Gachuz, ha participado como socio y/o apoderado legal.

En esa misma calle 2 de abril, pero en el 1467, está registrado un domicilio que pertenece a la señora Virginia Cano, una mujer que aparece como socia de al menos 12 empresas diferentes, pero ese número no existe.

Entre las personas que aceptaron hablar para este reportaje y que ahora comparten dirección con empresas fantasma o que inclusive aparecen como accionistas de empresas con ganancias millonarias revolotea una pregunta que se ha vuelto colectiva: ¿En dónde terminaron todos esos millones de pesos?

Las nueve dependencias detrás de los nuevos desvíos

La Secretaría de Finanzas de Veracruz fue la dependencia que desvió el mayor monto de recursos, con mil 459 millones 180 mil pesos asignados a 27 empresas fantasma, de acuerdo con las respuestas a alrededor de 300 solicitudes de Acceso a la Información que se enviaron por este equipo de reporteros a cada una de las dependencias del Gobierno veracruzano.