La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Coahuila, a la Fiscalía de esta entidad, a la Procuraduría General de la República y a la presidencia municipal de Allende por los hechos ocurridos en este municipio entre el 18 y 20 de marzo de 2011, ante las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, después de que una célula del cártel de Los Zetas secuestró a 300 personas. Pidió a la PGR que investigue la participación del ejército en estos hechos.

El organismo defensor pidió a la Procuraduría General de la República (PGR) que investigue la actuación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional al contar con los testimonios de dos personas que señalan que personal de la Sedena atestiguó estos hechos.

"De las constancias que esta Comisión Nacional se allegó, obran dos declaraciones que mencionan que servidores públicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, presenciaron los hechos ocurridos del 18 al 20 de marzo de 2011, sin embargo, no se contó con mayores elementos que pudieran acreditar el dicho de los testigos, además se advirtieron imprecisiones en los informes relativos a la fecha y hora en la que elementos del Ejército Mexicano se constituyeron en el rancho “Los Garza”, señala la recomendación de 305 páginas.

"En consecuencia, este Organismo Nacional estima que la Procuraduría General de la República, deberá iniciar una investigación al respecto, y en caso de advertirse la comisión de algún delito, ejercer la acción penal en contra de quien o quienes resulten responsables", señaló.

De acuerdo con las investigaciones de la CNDH, policías de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Allende realizó detenciones arbitrarias de 34 personas y secuestró a cinco menores de edad; además, los integrantes de Los Zetas "contaron con la autorización, apoyo o aquiescencia" para la desaparición forzada de 38 personas, incluidos 3 menores de edad, además de diversos pobladores municipio cuya identidad no fue posible determinar.

Entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, los policías también dieron su autorización para allanamientos, saqueos y daños a diversas casas, además de participar en la detención ilegal de una víctima en el interior de un local comercial, imputable a elementos de esa secretaría.