Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior, admitió que la dependencia trabaja en una estrategia para evitar y contener los problemas de laudos laborales en los ayuntamientos, mismos que se originan por despidos injustificados.

Explicó que se están diseñando contratos modelo que permitan a las autoridades municipales contratar los servicios de trabajadores con la categoría de personal de confianza, y cuando finiquiten su servicio reciban las prestaciones a que tienen derecho.

Comentó que se han detectado problemas de laudos laborales en los ayuntamientos por un monto de 348 millones de pesos, tan solo en la revisión de la Cuenta Pública 2016.

Admitió que estos laudos se han convertido en un problema, por lo que expuso que en los procesos de entrega/recepción de los ayuntamientos, se ha detectado que en algunos se despidió el personal que ya estaba capacitado en la operación del SIGMAVER, así como el 76% de los contralores internos.

Dijo que, si bien es cierto que lo anterior no necesariamente implica que se van a promover demandas laborales, sí significa que el ORFIS deberá empezar de cero con la capacitación.

Señaló que hay despidos de personal de forma injustificada y muchas veces no se otorgan las prestaciones de ley que corresponden, por lo que los trabajadores acuden a los tribunales a interponer las demandas correspondientes.

El auditor, dijo respetar la autonomía de los ayuntamientos, sin embargo, a su juicio es necesario valorar la permanencia del personal que ha sido capacitado y en el que se ha invertido.

Añadió que al llegar al servicio público, se debe tomar en cuenta qué se va a hacer, cómo se hará y con qué personal se cuenta, con la finalidad de tomar las decisiones.

Aseveró que al despedir a un empleado, se debe registrar en las cuentas de orden y al momento de que la autoridad emite las resoluciones se deben registrar en los estados financieros.

Portilla Vásquez, mostró preocupación porque de las actas de entrega/recepción se desprende que la mayoría del personal que se capacitó en las plataformas digitales del SIGMAVER, que se acreditó y que se invirtió en la capacitación, fue despedido.

“Uno de los retos más grandes que tiene la administración pública, es cuidar al personal que tiene los perfiles adecuados y la experiencia. Se está trabajando en las formas legales que se presentarán al Congreso para lograr que el personal capacitado continúe laborando en los municipios, respetando la autonomía”.