En comparecencia ante la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, el auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, aseveró que por concepto de cuotas y aportaciones los Organismos Públicos Descentralizados y el Gobierno del Estado deben al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ocho mil 713.1 millones de pesos.

Asimismo, comentó que los Organismo Públicos Descentralizados adeudan 825.8 millones de pesos y la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) siete mil 887.3 millones de pesos, esto contando los déficits presupuestarios.

De la misma forma, se presentaron las denuncias penales correspondientes porque en las auditorías al IPE se detectó en su Cuenta Pública 2015 desvíos de recursos de la reserva técnica por mil 439.8 millones de pesos, dos mil 700 millones de pesos y por 240 millones de pesos por la Cuenta Consolidada.

Igualmente, manifestó que el Orfis, como parte del Sistema Estatal Anticorrupción, emitirá políticas públicas que permitan contener los actos de corrupción, eficientar el ejercicio de los recursos públicos, impulsar la rendición de cuentas y la transparencia y para lograr que haya una coordinación entre los entes estatales que permitan una mejor la administración pública.

Además, el Orfis y la ASF realizarán 12 auditorías coordinadas a las participaciones federales para la revisión de la Cuenta Pública 2017; la primera de la actual administración estatal y la última de los gobiernos municipales que recién concluyeron funciones.

En cuanto al Grupo MAS que opera el servicio de agua potable en Veracruz-Medellín, indicó en las Cuentas Públicas 2015 y 2016 se realizaron dos auditorías, una al procedimiento de licitación pública internacional y a la primera modificación al título de concesión.

Por lo anterior, se determinó que la modificación al título de concesión se contrapone a lo estipulado originalmente al título otorgado al Grupo MAS, toda vez que se pretendía autorizar a la concesionaria contratar un crédito para pagar los pasivos del grupo SAS, lo que se contraponía al título de concesión otorgado al grupo MAS.

Por último, enunció que los lineamientos para la aplicación del gasto público del Gobierno del Estado deben emitirlos la Sefiplan y la CGE.