Los índices delictivos, las violaciones a los derechos humanos, la impunidad que prevalece en Veracruz, y ante el temor fundado de ser víctimas de la inseguridad, originaron que entre los años 2014 al 2016, un total de 177 mil 77 veracruzanos en lo individual y 50 mil 810 familias optaron por cambiarse de vivienda o lugar de residencia ya sea de manera planificada o abrupta para protegerse de la delincuencia.

Por ello, durante la sesión plenaria del Congreso del Estado, el diputado Rogelio Arturo Rodríguez García, del Grupo Legislativo del partido MORENA, presentó la iniciativa de Ley para Prevenir y Atender el Desplazamiento Interno en el Estado de Veracruz.

Consideró que ante la falta de una política pública y la inexistencia de herramientas jurídicas pertinentes, resulta necesario expedir una legislación estatal que permita conocer las condiciones objetivas de las personas desplazadas y dimensionar la situación del desplazamiento interno en la Entidad y garantizar sus derechos humanos.

La iniciativa de ley contempla la creación del Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, que será el órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, encargado de formular y ejecutar el Programa Estatal de conformidad con esta Ley.

Estará presidido por un secretario Ejecutivo nombrado por el Congreso local mediante convocatoria pública que será publicada en los 30 días hábiles, una vez aprobada la ley y publicada en la Gaceta Oficial del estado.

De las propuestas recibidas, el Congreso del Estado formará una terna y una vez conformada contará con diez días para entrevistar a los aspirantes mediante el mecanismo que determine el propio Congreso.

Realizado lo anterior, dentro del improrrogable plazo de cinco días se turnará al Pleno para designar por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes a quien será el Secretario Ejecutivo.

Las propuestas a que hace referencia la convocatoria pública, deberán ser presentadas por las Universidades e Instituciones Públicas de formación superior en el Estado; por Colegios y Asociaciones de Profesionistas, así como organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades se relacionen con el desplazamiento interno.

Además, se crea Programa Estatal para la Prevención y Atención al Desplazamiento Interno, que establecerá las líneas de acción encaminadas a neutralizar los efectos de la violencia; definirá y desarrollará acciones de prevención, protección y atención humanitaria de emergencia y el acceso a los programas sociales de gobierno, así como mitigar sus graves consecuencias sobre la integridad personal.

Así como el Registro Estatal de Población Desplazada que será el instrumento que permita identificar de manera explícita a la población afectada y sus características, cuya finalidad es mantener información actualizada de la población atendida y realizar el mantenimiento de los servicios que el Estado y la asistencia humanitaria prestan a la población afectada, a fin de que se supere esta condición.

El legislador propone que en la aplicación de la Ley, los desplazados internos más vulnerables, tales como niñas y niños, especialmente los menores no acompañados, las mujeres embarazadas, las mujeres responsables de familia, las personas con discapacidades, las personas adultas mayores e indígenas, tendrán derecho a la protección y asistencia requerida por su condición y aun tratamiento que tenga en cuenta sus necesidades especiales.

Reiteró que en Veracruz los desplazados huyen de sus hogares de residencia habitual ya sea como consecuencia de actos criminales y violaciones de derechos humanos cometidos en su contra o hacia su familia, o bien, como consecuencia del temor fundado de ser víctimas ante un clima generalizado de inseguridad y de impunidad a causa de enfrentamientos entre carteles y fuerzas federales y de seguridad pública.

Expuso que resulta de sumo interés atender un fenómeno social desafortunadamente creciente en el Estado, siendo este el desplazamiento interno por motivos de inseguridad, situación por la que un número importante de personas se han visto obligadas a dejar sus lugares de origen y residencia habitual por causas ajenas a su voluntad, abandonando no solo su patrimonio, estilo de vida, a su familia o incluso su cultura, si no también poniendo en riesgo su integridad personal e incluso la vida.

La situación de violencia estructural por la que atraviesa el Estado ha sido documentada por la prensa estatal, a pesar de que existe un ambiente de censura por parte de los medios de comunicación a consecuencia de atentados contra los periodistas, y es sin duda gracias a este hecho que las noticias sobre la población desplazada han llegado a un público más amplio.