El Congreso del Estado dio entrada para su estudio y dictamen, a la iniciativa de reforma integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial, misma que propone variar el número de 33 Magistrados, reducir a 30 años la edad para ocupar el cargo de Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, eliminar los Juzgados Municipales por no justificar su existencia debido a que más del 40 por ciento tiene cero casos.

La iniciativa enviada por el presidente magistrado del TSJ, Edel Álvarez Peña, incluye el haber de retiro para los Jueces y propone eficientar el presupuesto para la creación de Juzgados Micro Regionales en las cabeceras distritales.

Además, se plantea que algún Magistrado, de presentarse una solicitud de una licencia sin goce de sueldo, corresponderá al Congreso del Estado otorgarla hasta por ciento veinte días.

Y en un periodo no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado el Magistrado, el Consejo de la Judicatura analizará su actuación y desempeño, emitiendo como resultado un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

El dictamen técnico, así como el expediente del Magistrado será enviado al Congreso del Estado para su estudio, en plazo no mayor a cuatro meses a partir de que se inició el procedimiento de ratificación.

En caso de un dictamen técnico no favorable, el Magistrado a ratificar podrá interponer el recurso de reclamación. Será por escrito, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del dictamen recurrido. Se resolverá sin mayor trámite en tres días.

En la exposición de motivos, Álvarez Peña, en torno a la desaparición de los juzgados municipales, manifestó que estadísticamente no justifican su existencia al tener más de 40% de ellos con cero asuntos a lo largo del año.

Por lo que se decide eficientar el presupuesto del Poder Judicial y crear juzgados micro regionales, los cuales serán de primera instancia en lugares que no estén ubicados en las cabeceras distritales, pero tengan suficiente población para justificar un juzgado mixto de primera instancia.

De esta manera, se busca fortalecer la primera instancia en el Estado que es donde más se registran asuntos, en específico, en materia familiar, por lo que el gasto aproximado de seis millones de pesos mensuales que se erogaba, aproximadamente, en los juzgados municipales, se llevaría a impactar directamente a la creación de más juzgados de primera instancia en lugares donde demográficamente son requeridos.

Por otra parte, se amplía la licencia que pueden solicitar los magistrados para tomar cursos, pues de un análisis de la oferta de los mismos, se observa que no es común que existan programas de estudios nacionales o extranjeros de menos de seis meses, de ahí que se amplíe a un año, sin goce de sueldo.

Añadió que tras la reforma Constitucional que estipula el retiro forzoso de magistrados y jueces, surge la necesidad de crear el haber de retiro de estos últimos, por lo tanto, se crea la facultad del Consejo de la Judicatura de asignarlo a los jueces que se encuentren en la hipótesis descrita, puesto que al tratarse de servidores públicos de nombramiento especial y no de empleados, no podemos dejarles sin seguridad social para su retiro.

Dicha reforma también motiva a la creación de un procedimiento para la ratificación de magistrados, puesto que ahora podrán ser ratificados por un periodo no mayor de cinco años, en términos de la Constitución y de acuerdo al dictamen que emita el Consejo de la Judicatura, quien tiene la representación de los Tribunales y los dos poderes legislativo y ejecutivo, por lo que es la instancia idónea para realizar dicha examinación.

Asimismo, se respeta la facultad del Congreso del Estado para ratificar a los magistrados, pues si él los nombra primigeniamente debe entonces reelegirlos, siempre tomando en cuenta el rendimiento de ellos de acuerdo al visto del Consejo de la Judicatura.

En torno al número de Magistrados puede cambiar, si bien actualmente es de 33, se le permitirá al Tribunal Superior, integrar con el número de magistrados que las Salas y las necesidades del servicio requieran, pues a veces ese número ha subido o bajado por causas externas que hay que atender o por necesidades internas en la administración de justicia, por lo que si bien de manera general existe un número, este no puede ser rígido, sino que, como toda regla, deberá contar con su excepción, siendo el Pleno la autoridad máxima para considerar si existe o no alguna.