El Congreso del Estado tiene 60 días hábiles para iniciar designación de su contralor interno, mediante el mecanismo que establezca la Junta de Coordinación Política.
Hoy jueves se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Estado el decreto que reforma la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el Reglamento de los Servicios Administrativos del Congreso del Estado, que crea la Contraloría Interna del Congreso del Estado.
El decreto señala que el contralor interno durará en el cargo cinco años y no podrá ser ratificado por el periodo inmediato, ejercerá sus funciones con autonomía técnica y de gestión; y será designado conforme al procedimiento que establezca el Congreso del Estado con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, previa convocatoria pública que éste emita.
Para ocupar el cargo de contralor interno del Poder Legislativo se requiere:
Ser veracruzano, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; contar con título profesional legalmente expedido y cédula profesional con una antigüedad mínima de cinco años al día de su designación, en alguna de las áreas económicas, contables, jurídicas o administrativas y contar con experiencia profesional de, cuando menos, cinco años en actividades relacionadas con el control o la fiscalización de recursos públicos.
No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa de libertad; y no haber sido miembro de la dirigencia de algún partido político ni candidato a cargo de elección popular, en el año anterior al nombramiento.
La Contraloría Interna será el órgano técnico administrativo con autonomía técnica y de gestión, dependiente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, que tiene por objeto verificar el desempeño, vigilancia y supervisión del ejercicio presupuestal, el cual ejercerá funciones de auditoría interna, control y evaluación, así como el cumplimiento de la normatividad, políticas y disposiciones administrativas aplicables en la administración de los recursos humanos, materiales y financieros que garanticen el adecuado uso del presupuesto asignado.