Aproximadamente, mil trabajadores del extinto Sistema de Agua y Saneamiento Metropolitano (SAS) se han negado a recibir la indemnización por pérdida de empleo ofrecida por el organismo, pues éstos exigen ser reinstalados en su centro de trabajo, informó la secretaria del Trabajo, Silvia Edith Mota Herrera.
En ese sentido, explicó que debido a esta situación hasta el momento tan sólo 361 ex trabajadores han sido liquidados de acuerdo a la ley, esto tras llegar a un acuerdo entre ambas partes.
“El liquidador de esta empresa en extinción debería liquidar a los trabajadores, hay 1,465 trabajadores que tienen demanda, ya celebraron convenio 361 trabajadores; sin embargo, el conflicto es porque la liquidación que hace el liquidador es conforme a derecho que les paga tres meses 12 días por año y las prestaciones que han devengado, pero no les paga las prestaciones del contrato colectivo que son bastante onerosas y por eso no están dispuestos a recibir la liquidación que se les ofrece”, indicó.
Asimismo, Mota Herrera aseguró que han buscado de manera constante que se llegue a un consenso; sin embargo, tanto los trabajadores como el grupo MAS han planteado sus posturas y no han podido establecer acuerdos.
De igual manera, puntualizó que el Grupo MAS contrató cerca de 1,200 ex trabajadores del SAS, ya que de acuerdo a lo expresado por la empresa la salida de Boca del Río de este esquema provocó una disminución en el número de empleados necesarios para su operación.
“Hemos tenido pláticas conciliatorias con los trabajadores del SAS y el liquidador para poder llegar a un convenio y se está en pláticas para pagarles el fondo de ahorro que es una cantidad considerable y que Grupo MAS se había comprometido a que iba a cumplir y el liquidador ha estado en contacto con la secretaria del Trabajo y el secretario de Gobierno y pues seguimos en ello para lograr que se destrabe este problema laboral que afecta a 1,400 trabajadores”, apuntó.
Finalmente, agregó que uno de los aspectos que pudo provocar la quiebra del SAS fue la excesiva cantidad de prestaciones de las que gozaban los trabajadores sindicalizados de acuerdo con lo plasmado en su contrato colectivo.