El actual Gobierno del Estado siempre propondrá el diálogo y la concertación como mecanismos de solución a las demandas sociales, pero nunca solapará los actos de presión para quebrantar la ley, afirmó Rogelio Franco Castán, secretario general de Gobierno.

Ante la Comisión de Gobernación, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno, aseveró que la sumisión que prevalecía en la relación entre los Poderes públicos en la entidad quedó también en el pasado; hoy existe respeto a sus ámbitos de acción, reconocimiento a sus decisiones y a sus actos autónomos.

Dijo que a partir del 1 de diciembre de 2016 se emprendió un proceso de recuperación de las instituciones que implicó una reestructuración organizacional, con transparencia y certidumbre jurídica que refuerza a las dependencias encargadas del orden político y la legalidad de los actos de gobierno.

“Como parte de las acciones en el combate a la corrupción, el 8 de noviembre pasado se presentaron dos denuncias penales en contra de ex servidores públicos por posibles hechos constitutivos de delito como son incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad, abuso de confianza, fraude, falsificación de documentos, uso de documento falso y los que resulten responsables en esta área de legalizaciones y permisos”, expuso.

El actual gobierno –añadió- tiene la premisa contra el combate a la corrupción y cotidianamente se ha luchado para abatir la corrupción de servidores públicos.

En el pasado se prestó a fraudes millonarios, al amparo de la complicidad y abuso que predominaba y el solapamiento de funcionarios de primer nivel.

Hace un año, en el estado de Veracruz nos encontramos con un grave problema de inestabilidad política y social, debido a que los propios gobernantes dejaron de cumplir la ley.

A la par de la voracidad con que se llevaron los recursos públicos, hubo un proceso de desmantelamiento de las instituciones sobre las que se sustenta el Estado de Derecho.

Se afectó la confianza ciudadana y la credibilidad gubernamental ante un desorden y corrupción que hundió a Veracruz en la más grave crisis financiera, política y social de su historia.

“A partir del 1 de diciembre de 2016, emprendimos un proceso de recuperación de las instituciones que implicó una reestructuración organizacional, con transparencia y certidumbre jurídica que refuerza a las dependencias encargadas del orden político y la legalidad de los actos de gobierno”, enunció.

Se implementó un cambio en la conducta de los servidores públicos, eliminando los privilegios que predominaron en las administraciones pasadas. Nos sujetamos a la normatividad constitucional y los principios republicanos de ética, probidad y austeridad.