La Secretaría de Gobierno tiene 84 demandas laborales registradas a febrero de este año y se presentaron más de 264 renuncias de exfuncionarios en tanto que 140 se retiraron de manera voluntaria, expresó Rogelio Franco Castán durante su comparecencia ante los diputados locales para la glosa del Primer Informe de Gobierno. 

Señaló que incluso los 140 ex funcionarios que se retiraron de manera voluntaria nunca pudieron ser localizados ni en el espacio físico o área en las que se encontraban en la Secretaría de Gobierno durante la administración anterior. 

Para responder a una pregunta formulada por Juan Nicolás Callejas Roldán, coordinador del grupo legislativo del PRI en el Congreso del Estado, el secretario general de gobierno refirió que todos los procedimientos de altas de funcionarios se realizaron en enero de este año con la finalidad de no afectar nóminas y aguinaldos.

“Todo ello lo hemos tratado de hacer de manera transparente y casi 150 exfuncionarios, como ya dije, no llegaron ni siquiera a despedirse”, aseveró. 

El funcionario afirmó que en la Secretaría de Gobierno no hay funcionario alguno que sea aviador y mucho menos que cobre doble. “Lo que sí había era una asignación discrecional respecto de salarios; nadie cobraba lo que se registraba en el tabulador, por ello la unidad administrativa ha venido arrastrando mes con mes el gasto para ir ajustando el tabulador a todos los servidores de la Secretaría de Gobierno”, aseveró. 

Rogelio Franco manifestó que dos trabajadores llegaron a la Secretaría de Gobierno y que al mismo tiempo tenían una pensión del IPE; ellos dos, personas honradas y trabajadoras, empezaron a cobrar en la Secretaría de Gobierno y al segundo mes les detuvieron su pago en el IPE para que no hubiera dobles y se les requirió la devolución de los pagos de pensiones hechos. A raíz de este caso, nadie que sea pensionado está dado de alta en la Secretaría de Gobierno porque los dos trabajadores decidieron retirarse y continuar recibiendo su pensión del IPE con la finalidad de no caer en una incompatibilidad”, dijo. 

Con relación a recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó que la dependencia que dirige ha recibido dos; una que tiene que ver con la desaparición forzada de cinco jóvenes y ejecución arbitraria por parte de policías de la administración anterior que ya fue aceptada; la otra recomendación tiene que ver con el caso de desaparición forzada de tres jóvenes y retención ilegal en Papantla.

Asimismo, apuntó, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha hecho otra recomendación acerca de un acto de discriminación cometido en Álamo por un encargado del registro civil que ya fue dado de baja. 

“Sabemos también que hay 400 solicitudes en la CEDH abiertas y que tienen que ver con acciones del gobierno anterior”, aseveró.