El Gobierno del Estado ha dado cumplimiento a 54 recomendaciones, de las 102 que emitió la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para evitar que se decrete la segunda alerta de género, ahora por agravio comparado.
 
El secretario general de Gobierno, Rogelio Franco Castán, al comparecer ante la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado, en el marco de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, dijo que el plazo para dar cumplimiento al total de las recomendaciones vence el 27 de julio del próximo año.
 
Adelantó que con motivo de la alerta de género solicitada por la Asociación Civil Equifonía, se ha implementado un programa en la entidad y en los municipios y se haya aprobado un plan de trabajo con la Conavim.
 
Añadió que en los municipios de Boca del Río, Coatzacoalcos, Córdoba, Las Choapas, Tuxpan, Poza Rica, Xalapa, y Veracruz se emprendieron acciones concretas, ya que son las ciudades con mayores quejas de violencia contra la mujer.
 
“Estamos a seis días que se cumpla un año de haberse decretado la alerta que se emitió el 23 de noviembre y este gobierno fue el que la aceptó, este gobierno la asumió con responsabilidad, un tema que merece una análisis profundo de todas las causas y hemos iniciado de manera coordinada con los tres poderes y la participación de la organización solicitante de la alerta”.
 
Además, se  instaló una mesa de trabajo para atender a 47 municipios mayormente con población indígena, y se les da atención especial a las mujeres de ascendencia indígena cuando se acercan acusando violencia.
 
Por otra parte, Rogelio Franco Castán, destacó que la dependencia a su cargo ha atendido a 12 mil 294 ciudadanos en 4 mil 523 audiencias que han tenido lugar en las oficinas de la Secretaría de Gobierno, atendiendo a actores políticos, liderazgos sociales, organizaciones.
 
Afirmó que este gobierno es de puertas abiertas y se les recibe a todos los ciudadanos y organizaciones sociales, sin embargo los privilegios se retiraron a grupos sociales que ahora expresan inconformidad, ya que estaban acostumbrados a recibir millones de pesos anuales de parte de las administraciones anteriores.

En este sentido, dijo que detectó un contrato con la agrupación de los 400 Pueblos, quienes de manera anual recibían 40 millones de pesos en efectivo, un grupo del sur del estado recibió 60 millones de pesos durante dos años para lucrar con el agua y afectar a los habitantes que dependen de la presa Yuribia, además de que también se encontró una cuenta bancaria.
 
Sobre Antorcha Campesina aseguró, han sido atendidos y sostenido comunicación sobre sus necesidades a través de sus representantes y la diputada local priista, Janeth García Cruz.

Sobre el tema de entrega de recursos públicos a organizaciones sociales, existe una cuenta por alrededor de 237 millones de pesos donde estas recibían apoyos de manera ilegal y comentó, entregarán la información completa de todos los grupos que obtenían este tipo de indultos para mantenerse al margen de la administración anterior, pero además ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.